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jueves, 17 de agosto de 2017

El TC no ampara a Juana Rivas



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE MARISA RECUERO Y RAMÓN RAMOS PUBLICADO EN “EL MUNDO” EL 17.08.2017. Foto: agencia Efe.] Juana Rivas tendrá que cumplir con la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada y entregar a sus dos hijos, de 11 y tres años, a Francesco Arcuri. El Tribunal Constitucional (TC) decidió, ayer, por segunda vez en 16 días, no amparar a la mujer de Maracena (Granada) en su petición para tumbar la orden judicial que le obliga a devolver a los menores a su padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones contra la madre de los niños.
En una providencia dictada por el Alto Tribunal, los magistrados advierten de que el segundo recurso de amparo que presentaron los abogados de Juana el pasado 10 de agosto es «extemporáneo» porque lo hicieron fuera del plazo, «transcurridos en exceso los 30 días hábiles» que fija la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Dicho esto, el Tribunal recuerda que la sentencia que obliga a la madre a entregar a los menores fue dictada hace casi cuatro meses. De hecho, está fechada el pasado 21 de abril y se notificó a los representantes legales de Juana cinco días después, el 26 de abril. La ley a la que hace referencia el Constitucional contempla que los 30 días arrancan desde la fecha en la que se produce la notificación de la resolución.
En este sentido, el Alto Tribunal reprende a los abogados por su actuación procesal en el caso, calificando de «improcedente» la manera en que tramitaron los recursos. Es más, deja claro que ese «modo» de actuar es el que impidió «que esta actividad impugnatoria pueda ser tomada en consideración a los efectos del cómputo del plazo para la interposición del recurso de amparo», concluyen los magistrados.
La Sala de Vacaciones del Tribunal –nombre con el que se conoce al grupo de jueces que están de guardia en periodo estival– recuerda que la primera medida que tomaron los abogados de Rivas contra la sentencia fue presentar un recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó tras advertir de que no era la vía judicial correcta para recurrir.
Ante ello, los representantes legales de Juana Rivas presentaron un recurso de queja contra esta resolución. La sorpresa es que antes de que el Supremo lo resolviera, ya habían recurrido en amparo ante el Constitucional. Fue el pasado 31 de julio. De hecho, fue ese motivo por el que este Alto Tribunal no admitió este primer recurso, al considerar que no había «concluido el proceso abierto en la vía judicial».
«El carácter manifiestamente improcedente del modo en que se formuló el recurso extraordinario por infracción procesal y la circunstancia de que voluntariamente se haya desistido del anuncio de la intención de presentar recurso de queja» son los dos motivos alegados por el Constitucional para justificar su inadmisión a trámite del segundo recurso de amparo, «a los efectos del cómputo del plazo para la interposición del recurso».
Juana debió haber entregado a sus hijos el pasado 26 de julio y está desaparecida –con los niños– desde el pasado 25 de julio. El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada dictó una orden de busca y captura contra ella por no presentarse en la fecha fijada en el juzgado.
Tras conocer la decisión del Alto Tribunal, la asesora de Juana Rivas, Francisca Granados, anunció que llevará el caso a Estrasburgo y solicitará al Ministerio Fiscal que presente un recurso de súplica ante el Constitucional por ser la única institución judicial que puede hacerlo.
Granados calificó la decisión del TC de «mazazo» y criticó que «todavía» haya jueces «que no se han reciclado». Dicho esto, aseguró no haber hablado en las últimas horas con Juana Rivas.
Por su parte, Almudena Mendoza, la abogada que ha representado a Rivas ante el Constitucional, calificó la decisión de «absolutamente incongruente», criticando que el Alto Tribunal no entró a valorar el fondo de la causa, informa Efe. A juicio del despacho Montero Estévez, al que pertenece la letrada, dicha resolución se contradice con la primera decisión del TC, que entendió que se debía de remitir a la Audiencia de Granada para ver si había transcurrido dicho plazo.
En este sentido, Mendoza recuerda que en la resolución dictada por el Constitucional el pasado 31 de julio este determinó que no estaba agotada la vía judicial, es decir, que «aún no había comenzado el plazo para la interposición del recurso de amparo». «El Tribunal ha declinado entrar en el fondo del asunto y su argumentación no se sostiene».
En cuanto al padre de los niños, su abogado, Adolfo Alonso, no tardó en reaccionar tras conocer la decisión del Tribunal. El letrado se lamentó por el sufrimiento «innecesario» que, advirtió, sufre Arcuri y denunció el «ataque» al Estado de Derecho que supuso el recurso de amparo. Alonso confía en que Juana Rivas aparezca ahora, tras 22 días en paradero desconocido.
Los hechos
2004. Juana Rivas y Francesco Arcuri, de nacionalidad italiana, se conocen en Londres, donde él trabajaba hacía años y ella había ido a aprender inglés.
2006. El primer hijo de la pareja nace en Granada, donde se habían trasladado a vivir.
2009. Arcuri es condenado a tres meses de cárcel por maltratar a Rivas. Le imponen una orden de alejamiento de un año.
2012. La pareja reanuda la relación y se traslada a vivir a la localidad de Carloforte, en Cerdeña, donde él regenta un hotel rural. Dos años después, nace su segundo hijo.
Julio de 2016. Juana Rivas vuelve a Granada con sus hijos para pasar las vacaciones, pero nunca regresa a Italia y denuncia por segunda vez a Arcuri por malos tratos.
Noviembre de 2016. El padre denuncia la sustracción de los dos menores. Un mes después, el Juzgado de Primera Instancia de Granada acuerda la restitución de los hijos a Arcuri.
Abril de 2017. La Audiencia de Granada ratifica la sentencia de la juez de Primera Instancia de noviembre de 2016 por la cual los dos menores, que ya tienen 11 y tres años, deben ser devueltos a su padre en Italia.
26 de julio de 2017. Rivas no se presenta en el punto de encuentro de entrega de los niños. El padre vuelve a denunciar, ahora por retención ilegal.
8 de agosto de 2017. Juana Rivas no se presenta a la vista fijada en la Audiencia de Granada y se dicta una orden de arresto.
10 de agosto de 2017. La Audiencia de Granada reitera que Rivas ha de devolver a sus hijos.
16 de agosto de 2017. El Tribunal Constitucional rechaza la petición de Juana Rivas de paralizar la devolución de sus hijos.

martes, 15 de agosto de 2017

Dos vidas para Juana Rivas



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE PILAR ÁLVAREZ (GRANADA) Y LUCÍA MAGI (ROMA) PUBLICADO EN “EL PAÍS” EL 13.08.2017. Foto publicada en la versión digital de “ABC(1) el 10.08.2017.] Esta historia empezó en Londres en 2004. Juana Rivas tiene entonces 23 años y reside en Maracena (Granada). Es la segunda de tres hermanos de una familia modesta que vive de la hostelería. Trabaja como dependienta en El Corte Inglés. Decide pedir una excedencia para ir a la capital del Reino Unido a aprender inglés. Francesco Arcuri, hijo de una familia genovesa de clase acomodada y 15 años mayor que ella, lleva más de una década en Londres, donde regenta un restaurante. Se conocen y se enamoran. Ella se queda embarazada.
Era el inicio de una relación convertida hoy en una pesadilla. EL PAÍS ha recabado los testimonios de allegados para reconstruir una historia que parecen dos: la vida de Juana Rivas que cuenta su familia y la que relatan el exmarido y su entorno.
Los últimos datos son los siguientes. Rivas está en busca y captura desde el pasado 8 de agosto. La mujer se esfumó hace 18 días con sus dos hijos, de 11 y 3 años, para eludir la orden judicial de entregarlos al padre, Francesco Arcuri, que tiene la custodia provisional de los menores. Arcuri, condenado por maltrato en 2009, la denunció por sustracción internacional de los niños después de que saliera con ellos desde la isla italiana de San Pietro, donde vivían todos, hasta España en mayo de 2016 para no regresar. La mujer lucha desde hace un año por poder quedárselos. “Jamás le he puesto una mano encima”, asegura Arcuri, al que distintos tribunales han dado la razón para que regrese con los menores a Italia. Lleva más de un año sin poder verlos.
Además de una orden italiana, sendas sentencias del juzgado de Primera Instancia y la Audiencia de Granada y un auto decretan la devolución “inmediata" de los niños al padre. La familia de Rivas ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para no entregarlos. La pelea judicial, aún inconclusa, ha dejado dos familias rotas y unos niños desaparecidos.
Francesco Arcuri, que actualmente está en Granada, atiende a este periódico en un café del centro de la ciudad. “En Londres empezamos a vivir juntos porque ella tuvo un incidente mientras hacía yoga y se hizo daño en una pierna. Le dije que se viniera a mi casa. Luego se quedó embarazada. Tenía muchas náuseas y le dije que, si quería, podíamos ir a que pariera a Granada”.
Vino embarazada y, ya desde ahí, a él le pareció todo mal. Ella no podía decidir nada. Le llamaba una pareja de amigos para que fuera a tomar café y no había posibilidad. Francesco no quería relacionarse con nadie de aquí, le decía que sus amigos eran muy poco interesantes. Él se imponía para todo. Era duro, celoso”, cuenta un familiar muy cercano de Rivas, con la condición de anonimato: “Desde el principio vimos que esa relación no tenía futuro”.
El primer hijo nace en el Hospital Materno Infantil de Granada en 2006. Según la familia de Rivas, Arcuri no es un buen padre: “El niño le molestaba. Cuando se despertaba a medianoche por los llantos se ponía violento”. Esta afirmación choca con las versiones de Arcuri y de su entorno, incluido el testimonio de la pediatra de los menores, que le describen como un padre entregado. Los primeros años de vida de su hijo mayor residen en Granada.
Viajan varias veces a San Pietro, en Cerdeña, una isla de 25 kilómetros de largo con playas vírgenes, agua cristalina y naturaleza salvaje donde está el pueblo de Carloforte. Él ya baraja la idea de mudarse allí, de gestionar una casa rural. Comparten la pasión por las cosas naturales. Juana abre en el centro de Granada una tienda de productos ecológicos. Es 2009, el año de la condena por maltrato.
Según la sentencia del Juzgado de la Violencia sobre la Mujer 1 de Granada, el 7 de mayo de ese año a las 5.30, tras llegar Rivas a la casa común, Arcuri le pide explicaciones de dónde ha pasado la noche y la golpea “repetidamente" causándole lesiones que necesitaron asistencia médica. Fue condenado a tres meses de prisión por “lesiones en el ámbito familiar” y se le impuso una orden de alejamiento de ella de un año y tres meses.
Arcuri asegura que aceptó la condena para poder ver a su hijo y en contra del consejo de su abogado. “Ella salía mucho por la noche, siempre le ha gustado. No digo que me estuviera traicionando, o a lo mejor sí, no lo sé. Se iba hasta las 6.30-7.00 y yo me ocupaba del niño. Yo hacía de madre y de padre. Ese día yo estaba durmiendo en una habitación con mi hijo y le dije que se fuera a otra. Se alteró un montón. Cuando se levantó para ir a la tienda, me golpeó. Se fue a la habitación donde tenía mi ordenador y empezó a tirar cosas”. Después de que le detuviera la policía, Arcuri interpuso a su vez una denuncia. Pasaron dos meses. “En el juicio, le pregunté a mi abogado: ‘¿Qué pasa ahora?’. Me dijo: “Damos nuestra versión y ella la suya. El juez decidirá’. ‘¿Y si acepto las culpas?’. ‘Legalmente sería un gran error’. ‘Pero ¿qué pasaría?’. ‘Te condenarían, pero no vas a la cárcel, al niño lo ves casi inmediatamente’. Decidí hacer eso, me parecía que era todo una tontería, que debía rebajar la tensión. Era un momento muy doloroso”.
A partir de la condena, los relatos divergen aún más. Según la familia de ella, permanecieron separados hasta 2013. Era la hermana de Rivas la que quedaba con Arcuri para que viera al niño.
Nos saltamos la orden de alejamiento”, asegura sin embargo él. Sostiene que estaban viviendo juntos a los dos meses de la sentencia. Que visitaron Londres con el niño y que también viajaron a Suiza con la familia de Rivas. “Después ya sí nos separamos, ambos llegamos a tener otras parejas. Yo vivía en Italia y venía a menudo a Granada. Volvimos en marzo o abril de 2013. Le conté lo que estaba haciendo en Carloforte y le entusiasmó”.
Camilo Arcuri, el padre de Francesco, tiene 87 años y ha sido periodista de distintos rotativos italianos. Cuando habla de sus nietos, a los que no ve desde 2015, rompe a llorar. “Cuando venían a Génova, tratábamos a Juana como a una hija. Siempre intentamos no meternos en sus cosas, mantenernos discretos”, explica por teléfono. Francesco es el último de sus tres hijos. “La única cosa que sabemos con absoluta certeza es que mi hijo es un ‘mammo’ [masculino de mamma, palabra que en Italia se usa para definir un padre muy maternal] enamorado de sus hijos, y muy cariñoso con ellos”.
En verano, la población de San Pietro se duplica y llega a 12.000 habitantes. Hay muchas casitas esparcidas por la isla. Una de ellas, una casona antigua a ocho kilómetros del pueblo y rodeada de olivos y frutales, la compró Arcuri para el negocio rural, con tres habitaciones y dos pisos para huéspedes. Se mudaron allí en junio de 2013 y el negocio abrió en 2014. Rivas se quedó de nuevo embarazada de Arcuri y volvió a Granada a tener a su segundo hijo. Él asegura que viajó en una furgoneta Camper con el mayor para llegar a tiempo al hospital.
Fue una historia de amor con rachas malas y dificultades, por eso cambiaban tanto el lugar de residencia. Estaban ilusionados con su proyecto de turismo rural. Ella estaba enamoradísima de Carloforte. Las veces que estuve en su casa, parecía alegre”, asegura Sabina Damico, amiga de Arcuri nacida en Carloforte, adonde viaja cada semana por trabajo y para ver a la familia. Algunos de los comentarios dejados en Internet por los huéspedes de la casa ponen el acento en la hospitalidad de los dos: “El entusiasmo de Juana”, “la amabilidad de Juana y Francesco”, “la serenidad de los propietarios”, se lee en algunos del agosto de 2015.
Siempre me pareció que Juana estaba contenta. Compartían la idea de vivir en comunidad, cerca de la naturaleza y de forma sencilla”, explica Franco Ercole, de 73 años, que vio crecer a Arcuri y a sus dos hermanos. Relata noches de guitarra y paellas preparadas por Rivas en la isla, en “una atmósfera de armonía”. Él apoyó a Arcuri con el proyecto, comprándole otra casa que tenía en el pueblo. “Les ayudé mucho, invertí en esa pareja, creía en ellos. Para mí y mi mujer, que no tuvimos hijos, Francesco y Juana eran nuestra familia. Nunca imaginé que pasaría algo así”.
La familia de Rivas asegura que Arcuri la aisló en Carloforte: “Estaba sola en casa, no disponía de coche. Era misión imposible hasta que fuera a comprar. Él prefería llevar al niño al colegio antes que dejarla salir”. En la denuncia que ella presentó ante la Guardia Civil dos meses después de viajar a España, actualmente en tramitación para ser incorporada a la causa en Italia, Rivas relata que en la casa rural de Carloforte fue “insultada, vejada y agredida” por su entonces pareja. Que el control sobre lo que hacía era constante y que la dejaba encerrada en casa. “No le ha sido posible relacionarse con otras personas ni hacer una vida normal y con libertad de movimiento”, recoge la denuncia, en la que señala que trabajaba sin remuneración y que cayó en depresión por el trato que él le dispensaba. “Cuando el denunciado no estaba conforme con lo que hacía, se volvía agresivo y le gritaba apretándole fuertemente las muñecas y una noche le apretó fuertemente el cuello mientras le decía que la iba a matar”. Su familia asegura que ella intentó denunciarlo a la policía italiana, pero él no la dejó llamar y que los amigos de Carloforte se lo desaconsejaban: “Está muy mal visto”, aseguran que le decían.
No es cierto que no la dejara salir. Hacía lo que quería. Yo no le impedía nada, ¿qué le iba a impedir? En los últimos tiempos volvió a salir de noche otra vez. Era una desilusión tras otra. Nunca hacíamos nada juntos. Yo me quedaba con los dos niños”, asegura Arcuri. Dice que disponían de dinero común y que tuvo que contratar a una tercera persona porque ella casi no ayudaba en el negocio, centrada en un curso online de psicología transpersonal.
Poco antes de mayo de 2016, Rivas le pide ir con sus hijos a Granada para ver a su familia. La denuncia de la Guardia Civil recoge que Arcuri le escondió los pasaportes “para impedir que se marcharan”. Él señala, al contrario, que pidió la cita en el Ayuntamiento para que tramitaran los documentos de sus hijos. Según la familia de ella, consiguió salir después de que el niño mayor recuperara los papeles. Y llegó a España con un pinzamiento mesentérico [una dolencia digestiva] que, según sus allegados, le habría provocado el estrés de la convivencia. Arcuri defiende, al contrario, que era él quien la cuidaba cuando se le desataba alguna crisis “y no podía casi ni moverse”.
Rivas, apoyada por una asesora del Ayuntamiento de Maracena, ha promovido una campaña de adhesiones a su causa. Su imagen llorando los días previos a desaparecer con sus hijos ocupa mañana y tarde las tertulias televisivas. El viernes, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo que se suman al que es el lema del caso desde que desapareció: “Juana está en mi casa”. Y su entorno ha convocado una nueva concentración de apoyo mañana.
Arcuri, sentado en la cafetería de Granada, se lamenta de que le están queriendo hacer pasar por alguien que no es. “Nunca habría esperado estar en una situación donde casi tengo que defenderme, aunque los jueces me den la razón. Llevo más de un año sin ver a mis hijos por el capricho de una persona que se los llevó con un engaño y no volvió”. Mientras habla, una mujer que le ha reconocido se apoya en la mesa de al lado. Le mira y dice: “Juana está en mi casa. Y espero que no vuelvas a verla ver nunca más”. Se da la vuelta y se va. Él la mira en silencio. 
El bienestar de los menores
Los dos menores, escondidos por su madre desde el 26 de julio, son las principales víctimas del drama. La primera sentencia, de diciembre de 2016, que ordena su devolución al padre, incluye la evaluación de una psicóloga del Juzgado de Familia que alude a una “vinculación afectiva y segura del menor con ambos progenitores” considerando a la madre “como la principal figura de referencia y de vinculación afectiva en la actualidad. El vínculo con su padre es positivo”. En el recurso de amparo presentado por el entorno de Rivas incluyen informes del hijo mayor de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Maracena, que respaldan desde el principio a la mujer. El Consistorio, que la atiende como víctima de violencia de género desde julio de 2016, incluyó al mayor en un programa de atención psicológica a hijos de víctimas, “dado que éste presentaba conductas agresivas hacia la madre, según ella relataba, imitando con el mismo patrón lo que hacía el padre”. “En las reuniones de coordinación con la psicóloga que ha atendido al menor hemos anotado que este manifiesta que no quiere ir con su padre y que ha narrado episodios de malos tratos”, según el informe firmado el 26 julio 2017, el día que debía producirse la entrega de los niños.
Dos profesionales que han trabajado en Italia y España con los niños han contado su experiencia a este periódico. “Me quedé muy sorprendida cuando supe que ella aseguraba estar mal aquí en Carloforte. Los niños estaban muy bien, tranquilos. Siempre sonrientes. Nunca noté alguna inquietud”, señala Maria Francesca Pinna, pediatra de los dos menores en Carloforte, que describe a Arcuri como un padre “equilibrado y atento”. “Los pediatras estamos muy entrenados para detectar problemas. Aquellos niños querían mucho a un padre. Si un niño quiere a su padre, lo ves, y si le tiene miedo, también. Nunca los vi asustados”.
Verónica López, 37 años, ha sido la maestra del hijo menor este último año en Maracena. “Es un niño muy desenvuelto, muy avanzado en el lenguaje. Se expresa fenomenal y tiene un desarrollo excepcional”. Lo define como “un niño muy feliz que siempre ha estado bien atendido por su madre, que era quien lo llevaba y lo recogía”. Considera que el niño ha vivido todo el curso “ajeno a la polémica. “Juana es muy buena madre, no creo que hiciera nunca nada en perjuicio de sus hijos”.
Últimos datos de un caso complejo
Retención de menores. Rivas está en busca y captura desde el 8 de agosto, tras la orden del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que la investiga por la vía penal por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y otro de retención ilícita de menores. Por este último podría ser condenada a hasta cuatro años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante un periodo de hasta 10 años.
Maniobras procesales. La Audiencia de Granada denegó de nuevo el 10 de agosto la petición de suspender la orden judicial que obliga a Juana Rivas a devolver a sus hijos. En el auto, los magistrados le acusan de haber marcado “a su antojo o interés los tiempos procesales” con actuaciones “que le han permitido ganar tiempo hasta la extenuación” y censuran que, “por distintas maniobras procesales”, no se haya ejecutado aún una sentencia firme.

(1) http://www.abc.es/sociedad/abci-justicia-no-razon-juana-rivas-y-debera-llevar-ninos-padre-plazo-tres-dias-201708101211_noticia.html 

jueves, 3 de agosto de 2017

Una «excentricidad» en Mataró



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE JORDI RIBALAYGUE PUBLICADO EN “EL MUNDO (ed. CATALUNYA)” EL 02.08.2017. Foto publicada en “Som Atents” el 17.01.2017.] Trocear una fábrica catalogada como patrimonio histórico a pedazos de unos tres metros cada uno y llevárselos a un descampado donde llevan casi ocho años a la espera de ser encajados como un puzle a 100 metros de donde estaban sus cimientos fue, además de una infracción de la normativa vigente, una «excentricidad inverosímil». 
Lo declara una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a la vista del desmontaje y posterior traslado de Can Fàbregas, una harinera de Mataró datada del siglo XIX que estaba salvaguardada con el mayor rango de protección, situada en un solar que El Corte Inglés adquirió para edificar un centro comercial tras ganar un concurso del Ayuntamiento.
Los grandes almacenes nunca se han empezado a construir. El motivo son los pleitos entablados desde hace una década por el desmantelamiento de la factoría, que a tenor del último fallo debería erigirse de nuevo donde el Consistorio la arrancó, en una decisión que contravino el máximo nivel de catalogación que la propia corporación había otorgado al inmueble en 1999.
De no darse un vuelco en el Tribunal Supremo con el recurso anunciado por el Ayuntamiento (gobernado por una coalición de PSC y PDeCAT), el proyecto de El Corte Inglés que se gesta desde hace dos décadas en Mataró está «muerto», según fuentes consultadas. 
El alcalde, el socialista David Bote, ha reconocido que la apertura del establecimiento por el que el Consistorio y entidades de comerciantes siguen abogando es «ahora muy difícil» y que «las cosas no se han hecho bien» para que el operador se instale. La empresa ha aducido inseguridad jurídica debido a los litigios en torno al solar que el Ayuntamiento le concedió para no haber empezado las obras, pese a haberse gastado ya cerca de 30 millones en Mataró, que figuraba como uno de sus planes de expansión prioritarios.
Los hechos que han llevado a El Corte Inglés a no levantar de momento el complejo que esperaba abrir en 2014 se han coronado ahora con una sentencia severa contra el Ayuntamiento y la Generalitat, que había bendecido los pasos dados por el municipio. El tribunal trata de «irracionalidad» y de arreglo «cercano a lo delirante» que el «conjunto protegido y catalogado» fuese «seccionado y empaquetado».
La sentencia atiende un recurso de la Assemblea Pagesa contra las maniobras con las que la administración ha intentado sortear una resolución del TSJC de 2012, fruto de otra denuncia de la Plataforma Salvem Can Fàbregas, y que ya dictó en contra de que se hubieran desplazado los restos del recinto fabril. La plataforma decidirá en breve si reclama al tribunal que el Consistorio devuelva las piezas a su lugar de origen.
La mudanza de los fragmentos costó 1,8 millones de euros al Ayuntamiento. Otras sentencias anularon el intento del Consistorio de cargar buena parte del gasto a otros propietarios de la zona. Además, el último fallo sostiene que el almacenamiento en suelo agrícola es ilegal y que no queda probado que la fábrica histórica y los grandes almacenes no pudieran convivir en la misma manzana ni que el establecimiento no pudiera ubicarse en otro terreno.
El Corte Inglés señala que sus abogados estudian la resolución y espera para pronunciarse sobre el futuro del proyecto. La compañía recalca que no tuvo nada que ver con el desmontaje de Can Fàbregas. En caso de que la empresa denunciara por incumplimiento de contrato al Ayuntamiento, Mataró se enfrentaría a una indemnización millonaria por no alzarse el centro, que preveía crear unos 800 empleos directos.
Las últimas resoluciones, que revierten los cambios del planeamiento aprobados para hacer posible el establecimiento, contrastan con otros fallos que vieron lícito que Can Fàbregas fuera desgajada por el gobierno del exalcalde Joan Antoni Baron (PSC). El exedil llegó a ser imputado por ello, y fue exonerado sin llegar a juicio. Baron ha preferido no responder a este medio.

Colegio de Abogados pide modificar el Código Penal para aumentar penas en determinados casos de maltrato animal



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO PUBLICADO POR EUROPA PRESS EL 31.07.2017. Foto: Amores perros (2000), de Alejandro González Iñárritu.] El Colegio de Abogados de Málaga ha iniciado los trámites para incluir en el Código Penal un nuevo subtipo agravado en el artículo 337, con objeto de dotar de una mayor protección a los animales y de aumentar la penalidad en determinados supuestos de maltrato no previstos en dicho artículo. 
Así lo ha anunciado el decano, Francisco Javier Lara, quien ha hecho entrega de un dossier que incluye los colegios de abogados y asociaciones de toda España que respaldan esta iniciativa al diputado nacional del PP y portavoz adjunto de la Comisión de Justicia, Avelino Barrionuevo, y al senador “popular” y portavoz de la Comisión de Constitucional, Joaquín Ramírez. 
Les han acompañado la vicedecana de la corporación colegial, Inmaculada Atencia, y la responsable de la sección de Derecho y Bienestar Animal del Colegio, Rosario Monter. 
El incremento de las penas que se reclama hace referencia fundamentalmente a los casos de maltrato continuado en el tiempo, sobre un número elevado de animales, ocasionando su muerte, así como a aquellos supuestos en los que quien comete el delito es precisamente quien tiene la obligación legal y/ o contractual de velar por el cuidado, protección y bienestar de los animales, según han informado desde el colegio en un comunicado. 
En concreto, lo que se solicita es aumentar la pena a un mínimo de tres años de privación de libertad y un incremento de cuatro a seis años -como mínimo- respecto a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio. También se pide la prohibición total para la futura tenencia de animales, sin límite de tiempo. 
Desde el colegio han considerado que, “pese a la reciente y loable reforma del Código Penal, el artículo 337 sigue siendo insuficiente para el castigo de determinados supuestos de especial gravedad, como es el caso de los que se cometen en instalaciones cuyo fin es la protección de los animales”. 
El objetivo que se persigue “es equiparar la normativa a la de países de nuestro entorno, como Francia, donde se prevén dos años de prisión efectiva, o Alemania, donde se imponen penas de privación de libertad de hasta tres años”. 
Para esto, el colegio malagueño se ha puesto en contacto con otros colegios profesionales y con distintas asociaciones y colectivos que se dedican a proteger los derechos de los animales. 
En este sentido, han señalado, se han recibido adhesiones de los colegios de abogados de Antequera, Jerez de la Frontera, Álava, Lanzarote, Talavera de la Reina, Girona, Orihuela, del Colegio de Veterinarios de Guipúzcoa, de la Protectora de Animales y Plantas de Málaga, la Federación para la Defensa y el Bienestar Animal de la Provincia de Málaga Tidus, la asociación TAIL Torrox y la asociación Naturalia de Huelva. 
Asimismo, han informado de que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición No de Ley, que se debatirá después del verano, en la que insta al Congreso a estudiar la creación de dicho subtipo agravado del artículo 337 del Código Penal. 
En ese documento se señala que durante el año 2016 el Seprona de la Guardia Civil realizó más de 12.400 actuaciones contra el maltrato animal, de las que 783 fueron infracciones penales por maltrato o abandono animal y supusieron la detención o investigación de 490 personas.

martes, 1 de agosto de 2017

Juana Rivas, ¿madre coraje o un error dañino?



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE LA PSICÓLOGA PILAR ENJAMIO ORIGINALMENTE PUBLICADO EN “EL SEMANAL DIGITAL.COM” EL 30.07.2017 (1). Foto publicada en el mismo medio el mismo día.] Una psicóloga, experta en mujeres maltratadas, desafía en este artículo la ola de apoyo a Juana Rivas y plantea interrogantes y soluciones distintos a la fuga con sus hijos.
El nombre de Juana Rivas está de plena actualidad. Los comportamientos impulsivos denotan desequilibrio e inestabilidad. Eludir la ley anula de un plumazo cualquier argumento. Esta conducta de esconderse como delincuente que huye causa desequilibrio psíquico e inestabilidad en los menores.
La historia se remonta a doce años atrás cuando en Londres se enamora de Francesco Arturi y tienen su primer hijo. El domicilio familiar se sitúa en Italia. En 2009 Juana presenta una denuncia por malos tratos y su pareja es condenada a tres meses prisión.
Según el abogado del padre, Adolfo Alonso, lo de reconocer maltrato fue una especie de cláusula entre la pareja o, mejor dicho, imposición de la mujer a cambio de permitirle ver al hijo, aunque la sentencia es la sentencia.
Años después se vuelven a unir y tienen un segundo hijo que en la actualidad tiene tres años. La inadaptación de Juana a un lugar, Cerdeña, era manifiesta. Se sentía esclava y alejada de todo contacto en un hotel rural de la familia a ocho kilómetros del pueblo más cercano. Hablan de síndrome de Estocolmo en este regreso y no lo creo. Se manifiesta cercano en el tiempo y no después de años. Pero la dependencia afectiva impide la separación.
A finales del curso de escolarización de 2016 Juana trajo los niños de vacaciones a España y no volvió a llevarlos al hogar familiar ni se los entregó a su padre. Según el convenio internacional se trata de un traslado ilícito de menores. Tenía que entregárselos a Francesco estos días y no solo no lo ha hecho sino que está en paradero desconocido. Yo me pregunto por qué no hubo más denuncias desde 2009 y ahora se usa ese argumento para que no convivan con el padre.
Si cuatro jueces se han puesto de acuerdo en conceder la custodia provisional, ¿están todos ellos equivocados? Francisca Granados, directora Centro Mujer de Maracena en Granada, se ha convertido en la abanderada de esta causa. Pero yo observo una masa de gente con ese poder hipnótico del gregarismo que, en una especie de fanatismo, creen a pies juntillas una versión de malos tratos.
Sin haber visto nunca ningún signo de maltrato, creen a la mujer. Yo, sin tener nada que ver el caso, he visto a hombres maltratados y manipulaciones con los hijos. Prevengo y lucho contra la violencia de género y recupero mujeres con síndrome de Estocolmo, con verdadero síndrome de Estocolmo. 
Pero aquí hay muchas cosas se me escapan y no concuerdan. Llora Juana y lloran las mujeres a su lado que más bien parecen plañideras y ni saben por qué lloran. Y ahora el eslogan defendiendo el incumplimiento de normas judiciales, con esa frase de “Juana está en mi casa”.
¿Y dónde está el razonamiento? Lo sucedido es un secuestro de los niños. Francesco adoptará medidas legales. Mi querida madre Juana, yo sé que quieres a tus hijos, pero no eres consciente del daño estás haciendo con tu huida, puedes acabar en la cárcel. De este modo te quedarás sin niños y sin razón.
Nada ayudarán las plataformas ni los gritos sino la vía legal. Pedir la custodia legal que es muy diferente a raptar. Dicen los menores que jamás recibieron maltrato pero lo presenciaron. Sería necesario un examen psicológico. Se cree y dice que estarían mal con su padre. Huyendo y escondiéndose tampoco están bien.
La solución no es escapar de los problemas, sino enfrentarse a ellos. Y algo que hay que enfatizar es el hecho de que los hijos no son objetos ni monedas de cambio en los conflictos entre un padre y una madre. Actuar de forma fanática y con premura -y aquí me refiero también a instituciones- no es prevenir violencia de género ni es protección al menor.
Sin olvidar un examen psicológico de la persona que sufre maltrato porque siempre se ve afectado su comportamiento y equilibrio. Espero aparezcan los niños y la vía legal se reestablezca.

(1) http://www.esdiario.com/elsemanaldigital/283789246/Juan-Rivas-madre-coraje-o-un-error-danino.html 

El TC inadmite el recurso de Juana para mantener a sus hijos



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO ORIGINALMENTE PUBLICADO EN “ABC” EL 01.08.2017. Foto publicada en “El Semanal Digital.com” el 30.07.2017.] El Tribunal Constitucional inadmitió ayer el recurso de amparo presentado por Juana Rivas. En él, la mujer solicitaba la suspensión de la orden que la obliga a entregar sus hijos a su expareja. Sin embargo, el tribunal consideró que Juana Rivas no había agotado todas las opciones de recurso ante los tribunales ordinarios.
«La recurrente ha acudido en amparo ante el Tribunal Constitucional antes de agotar todas las posibilidades existentes en la vía judicial previa, razón por la que su demanda debe ser inadmitida a trámite», argumentó el Constitucional apenas unas horas después de recibir el recurso de la madre huida.
Tras conocer la providencia, los abogados de Juana Rivas, del bufete Montero Estévez, explicaron en un comunicado que interpusieron el recurso al entender que la Audiencia Provincial de Granada había inadmitido a trámite el recurso por infracción procesal y por tanto, quedaba agotada esa vía. Los abogados aseguraron que retomarán su solicitud de amparo al TC en caso de que la Audiencia no suspenda la ejecución de la orden de entrega de los niños.
Sin embargo, dada la «rápida» y «efectiva» actuación de la Audiencia Provincial, explicaron los letrados, conciben la «esperanza» de que la tutela judicial de los menores sea resuelta sin necesidad de conocer el amparo el Tribunal Constitucional.
El padre de los niños, Francesco Arcuri, celebró la decisión del TC y dijo, «siempre he confiado en la justicia española».

lunes, 31 de julio de 2017

Nueva edad de consentimiento sexual



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE PEDRO DEL ROSAL PUBLICADO EN “EL ECONOMISTA” EL 31.07.2017. FOTO: Lolita (ídem, 1997), de Adrian Lyne.] La Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2017, que ofrece los criterios para interpretar el 183 quarter del Código Penal, artículo que contiene una exención de responsabilidad para quien mantenga relaciones con un menor sin capacidad de consentimiento sexual, siempre y cuando exista proximidad en edad y grado de desarrollo y madurez entre ambos.
El precepto fue introducido en 2015, en consonancia con la elevación de la edad de consentimiento sexual a los 16 años. Una cláusula que en ningún caso operará cuando exista “violencia, intimidación o prevalimiento” en la relación.
La referencia a la proximidad en edad y madurez ofrece un criterio abierto que, como constata la Circular, deberá ponderarse en cada caso concreto, exigiendo una respuesta individualizada.
En relación con la edad, la Fiscalía apunta a que el legislador ha optado por un sistema abierto, que deja con “patente vaguedad” el dato cronológico.
Un modelo basado en una edad o una diferencia de edad fijos, explica, favorece la seguridad jurídica. La opción escogida, en cambio, como elemento positivo, ofrece “flexibilidad más allá de esquemas simples”, aunque impone “un difícil análisis caso a caso” sobre el grado de desarrollo o madurez del menor.
El documento de la Fiscalía cita algunos pronunciamientos del Supremo en relación a edades máximas y mínimas en asuntos en los que se analizaban las relaciones sexuales entre adultos y menores. Así, por ejemplo, al examinar uno caso en el que estaba implicado un adulto de 46 años y una menor de 11 determinó que “aun siendo muy generosos a la hora de interpretar los conceptos persona próxima en edad y madurez no puede extenderse a supuestos como el presente”.
En otros asuntos en los que la diferencia de edad era superior a ocho años y medio -entre un mayor de 20 y una niña de menos de 12- el Tribunal destacó que eran circunstancias que influían “en el grado de desarrollo y madurez, alejándolo de la proximidad mencionada”.
El segundo criterio, el de la proximidad madurativa o de desarrollo, requiere que se constate si la diferencia de edad entre autor y víctima entraña “una explotación de la vulnerabilidad de esta última que implique una clara situación de abuso”, asevera la Circular.
El análisis de la madurez requerirá un examen de muchas circunstancias: la capacidad del menor, la edad, su desarrollo emocional, intelectivo y volitivo, etc. “Cuanto mayor sea la diferencia de edad, mayor necesidad habrá de acreditar la semejanza en cuanto a desarrollo o madurez”, requiere el texto.
En caso de que queden plenamente acreditadas las circunstancias del artículo 183 quarter, explica la Fiscalía, deberá procederse al sobreseimiento. Y, aunque el precepto no hace referencia a ello, cabe la atenuación de la sanción si el grado de desarrollo o madurez concurre solo parcialmente. En todo caso, siempre será imprescindible la concurrencia del consentimiento en la relación sexual.
También cabe la opción de apreciar desconocimiento de la edad del menor -es el argumento más frecuente en la defensa del autor- como exención de la responsabilidad, aunque al haberse elevado a 16 años la edad de consentimiento, “el radio de operatividad del error queda muy reducido”, concluye.

El Constitucional recibe una petición de amparo de la madre huida con sus hijos



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO PUBLICADO EN “EL PAÍS” EL 31.07.2017. FOTO: AGENCIA EFE / MIGUEL ÁNGEL MOLINA.] Además de los tres juzgados implicados, un nuevo tribunal pasará a formar parte de la maraña judicial en la que se dilucida el caso de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que sigue ilocalizable tras negarse a entregar a sus dos hijos a su expareja, condenado por maltrato con anterioridad y con una denuncia pendiente de tramitar. Rivas formalizará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para poder permanecer con sus niños.
La petición se fundamentará en el interés superior de los menores e irá asesorada por una letrada que ya representó a una madre en una situación parecida a la de Juana Rivas y logró que el Tribunal Constitucional estableciera por primera vez que el interés superior del menor estaba por encima de la pugna por su custodia, tras suspender en 2015 de forma cautelar el regreso de una niña de Linares (Jaén) a Suiza con su padre.
Cada caso contiene y se sostiene sobre una argumentación jurídica pero también se ha conocido ahora que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha resuelto absolver a una mujer condenada en diciembre de 2016 a dos años y medio de cárcel por un delito de sustracción de menores al llevarse a su hijo a Madrid sin permiso del padre.
Con el recurso de amparo se pedirá que el tribunal suspenda la ejecución de la resolución que obliga a Rivas a restituir a sus dos hijos a su padre en Italia. Mientras el Constitucional entra en el fondo del asunto, la pretensión es que como medida cautelar se suspenda la orden de devolución de los niños, de modo que Rivas pueda seguir con sus hijos con todas las garantías legales.
La mujer granadina está ilocalizable desde el pasado miércoles, día en que debía entregar sus dos hijos al padre por orden judicial, aunque no se presentó en el punto de recogida de Granada.
A esta parte civil, se ha unido la penal, ya que otro juzgado de Granada ha citado a las partes para el próximo 8 de agosto en su investigación sobre la posible comisión de los supuestos delitos contra la administración de justicia y de secuestro de menores, de los que el abogado del padre, Adolfo Alonso, acusó a Juana Rivas.

sábado, 29 de julio de 2017

Un juzgado de Granada investigará los presuntos delitos denunciados por la expareja de Juana Rivas



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE EUROPA PRESS PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE “PÚBLICO” EL 29.07.2017 (1). FOTO: AGENCIA EFE / MIGUEL ÁNGEL MOLINA.] El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, este viernes en funciones de guardia, ha incoado diligencias previas tras recibir las actuaciones en torno al caso de Juana Rivas, la madre residente en Maracena (Granada) que ha incumplido la orden judicial de entregar a sus hijos al padre, y ha citado a las partes el próximo 8 de agosto para que comparezcan en este procedimiento que salta ahora a la vía penal.
Esta situación se produce después de que el juzgado que hasta ahora ha llevado el caso por la vía civil, el de Primera Instancia número 3 de Granada, denegara este viernes las medidas cautelares que el exmarido de Juana Rivas había solicitado contra ella, entre las que figuraba una orden internacional de detención a tenor del “riesgo objetivo” en el que a su juicio se encuentran los menores.
Aunque la jueza ha rechazado emprender las medidas cautelares contra Juana Rivas, sí acordó “deducir testimonio por los posibles delitos que se hayan podido cometer” y remitir las actuaciones al juzgado decano de Granada para su reparto.
El objetivo es que se investiguen los posibles delitos a los que alude el padre de los menores, asunto que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 2, que ha incoado diligencias previas y ha citado a las partes el próximo 8 de agosto para que comparezcan ante el juez.
En su escrito, el letrado del padre se refiere, entre otros, a delitos de desobediencia a la autoridad judicial; de sustracción interparental de menores y de violencia psicológica habitual contra los hijos, a los que habría inducido “ideas falsas” del progenitor.
A ello suma un delito contra la administración de justicia de los que considera posibles autores tanto a Juana Rivas como a aquellas personas que pudieran haber participado en los hechos como “inductores”, “colaboradores” o “encubridores”.
Junto a ello, aludía en su escrito a que Rivas se encuentra en un estado psicológico de “desequilibrio emocional” y por lo tanto “presenta un riesgo para sus hijos, ya que sus comportamientos son imprevisibles y puede dirigirlos contra estos”.
Así, ante “la gravedad de los hechos” y la “alarma social” que la madre está generando, consideraba el letrado que la orden de localización no es “suficiente” y pedía que Juana Rivas fuera detenida para su posterior ingreso en prisión, aunque la jueza de Primera Instancia número 3 ha rechazado esta pretensión. Sí ha acordado, tal y como solicitaba el padre, declarar hábil el mes de agosto para esta causa, además del citado traslado de las actuaciones.
La representación legal del padre, ejercida por el abogado Adolfo Alonso, ha señalado que la resolución de la jueza le “parece muy ponderada” y se ha mostrado “de acuerdo con ella”.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada también ha recibido en las últimas horas un escrito de los representantes legales de Juana Rivas en el que se oponen a la ejecución de la sentencia por la que tiene que entregar a sus dos hijos de once y tres años al padre -condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar contra ella- para que regresen a Italia, donde tienen fijada su residencia habitual. La jueza ha dado traslado a las partes de este escrito para que contesten en un plazo de cinco días.
Las asesoras legales de Juana Rivas opinaban esta mañana que el apoyo legal anunciado por la Junta de Andalucía ofrecía “buenas perspectivas” al caso y confiaban en que el juzgado decretara la suspensión de la ejecución de la sentencia para que esta madre de Maracena, que sigue en paradero desconocido, “durmiera esta noche en casa con sus hijos sin problemas legales”, lo que finalmente no se ha materializado.

(1) http://www.publico.es/sociedad/juana-rivas-juzgado-granada-investigara-presuntos-delitos-denunciados-ex-pareja-juana-rivas.html

viernes, 28 de julio de 2017

La madre huida será denunciada por secuestro



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE RAMÓN RAMOS PUBLICADO EN “EL MUNDO” EL 28.07.2017. FOTO DE MIGUEL RODRÍGUEZ.] A las 16.30 de ayer se cumplieron 24 horas de la incomparecencia de Juana Rivas, desaparecida desde la jornada anterior. El plazo transcurrido habilita a Francesco Arcuri, italiano y expareja de Juana, a presentar denuncia por el secuestro parental de los menores, un niño y una niña de 11 y tres años, que deben regresar con su padre a la isla de Carloforte, en Italia, donde tienen su residencia en el domicilio habitual del padre, pese a poseer la nacionalidad española. 
Juana Rivas no ha dado noticias de su paradero ni ha anunciado que restituirá a sus dos hijos al padre, como está obligada por una providencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada. 
Por ello, el representante legal de Arcuri, el abogado Adolfo Alonso, ultima el escrito y en su despacho profesional rehúsan comentar los extremos en que se fundamentará la denuncia, que persigue un solo fin: el cumplimiento de las cuatro resoluciones judiciales que, una tras otra, le han ido dando la razón desde que su cliente invocó la Convención de La Haya, después de que en el verano de 2016 Juana Rivas abandonase Italia con sus dos hijos y, una vez en España, denunciase a Francesco por violencia de género. 
Una denuncia anterior por malos tratos se saldó con una condena al padre: tres meses de prisión y una orden de alejamiento. 
La Guardia Civil ya realizó la misma tarde del miércoles las primeras investigaciones en Maracena, el municipio granadino donde ha venido residiendo Juana con los niños desde su regreso a España, para constatar que la madre había abandonado el pueblo. Su rastro se pierde en la noche del martes, cuando habló por última vez con su abogada, Francisca Granados. 
Por parte de la representación legal de Rivas mantiene la versión original de desconocer el paradero de la mujer. 
La denuncia de Arcuri activará una orden automática de búsqueda que llegará a todos los cuerpos de seguridad del Estado. Lo que hasta ese momento había sido un litigio civil, entra a partir de ahora en la esfera penal. A Juana Rivas se le puede aplicar en este momento un presunto delito de desobediencia a una orden judicial, penado con hasta un año de prisión o multa. 
Además, la denuncia del padre de los menores agrava los supuestos porque apunta a un delito de secuestro o sustracción de menores. 
En el despacho de Alonso no precisan el momento de la presentación de la denuncia porque el abogado del padre pretende alejar el caso de la «agitación social», al intentar por parte de la madre reducirlo a una cuestión de violencia de género. En este sentido, Alonso relativiza la condena de Arcuri: habría aceptado en 2009 una sentencia condenatoria para facilitar las visitas a su entonces único hijo. 
«Este no es un problema de violencia de género, es un caso de un secuestro y de un padre que lleva un año sin poder hablar con sus dos hijos menores», asegura Alonso, amparado en los cuatro jueces que sucesivamente han venido dando la razón a Arcuri en su demanda por la sustracción de los hijos. En otro sentido, fuentes judiciales precisaban este jueves que la Audiencia Provincial de Granada, al contrario de lo que se aseguró en rueda de prensa, no rechazó la entrega de los menores al padre en tanto se sustancie la segunda denuncia por malos tratos contra el padre italiano. 
Tras la ruptura de 2009, Juana transigió con la petición de Francesco para reanudar la relación, en la pequeña isla de Carloforte, donde el italiano había iniciado un negocio. Pero pese al nacimiento de la pequeña, la situación no mejoró para la madre, los malos tratos se repitieron y Juana decidió regresar a España. 
El caso ha generado numerosas muestras de apoyo en las redes sociales, como la de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ayer anunció en su cuenta personal de Twitter que desde el Gobierno andaluz ofrecen asistencia jurídica a Juana Rivas para pedir la suspensión del régimen de visitas de los menores. 
Díaz ya expresó su apoyo a Rivas el pasado martes «en su lucha para proteger a sus hijos», afirmando que «los niños también son víctimas de la violencia machista». 
Además, colectivos y particulares reclaman «justicia» para Juana y sus dos hijos en las redes bajo el lema #JuanaEstaEnMiCasa.