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lunes, 2 de octubre de 2017

El mayor desastre



[FOTO PUBLICADA EN “EL INDEPENDIENTE”]. Haciendo buenos, por desgracia, los peores pronósticos, el mayor fracaso político de la España contemporánea, cuya consumación se preveía para el día de ayer, 1 de octubre de 2017, ha acabado derivando en el mayor desastre de la historia reciente. Un desastre que excede lo meramente político y que, a falta de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, tiene un calado en todos los ámbitos –sociales, históricos, culturales y, sobre todo, humanos– de unas proporciones, ahora mismo, incuantificables.
Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra tenían que llevar a cabo una requisa de material necesario para la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña (urnas, papeletas, ordenadores), y el cierre precintado de los locales seleccionados por el Govern de la Generalitat de Catalunya para la celebración de la consulta. La ejecución de dichas órdenes judiciales estaba destinada a impedir el referéndum. Lo que tenía que ser una mera incautación de materiales y cierre de locales, con vistas a impedir el acceso a los mismos de la población catalana convocada a las urnas, degeneró en una serie de asaltos ejecutados con la máxima brutalidad y ausencia total de miramientos. El resultado de tales acciones, perpetradas por Policía Nacional y Guardia Civil, arrojó un trágico balance de 844 heridos –893 según otras fuentes–, entre ellos 33 agentes de los cuerpos de seguridad. Según rumores no confirmados en el momento de escribir estas líneas, podría haber dos víctimas mortales, un hombre y una mujer, como consecuencia de sendos infartos de miocardio, si bien, insisto, esto sigue pendiente de confirmación.
El despliegue policial llevado a cabo sobre todo por Policía Nacional y Guardia Civil en el territorio de Cataluña dos semanas antes del referéndum no era, a priori, estrictamente necesario, o por lo menos, su necesidad y, en particular, su emergencia, no estaba del todo clara. De acuerdo que, según el criterio del Gobierno Español, este referéndum era ilegal e inconstitucional, como consecuencia de la suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional de las leyes de convocatoria del mismo y de desconexión del Estado Español llevadas a cabo por el actual Govern catalán en dos sesiones en el Parlament de Catalunya plagadas de irregularidades que, de entrada, ponían seriamente en duda su validez. La pregunta era por qué tomarse tantas molestias para impedir una consulta que, tal y como estaba planteada, y viéndola desde un exclusivo punto de vista jurídico-legal, iba a ser invalidada, fuera cual fuese su resultado, por carecer del soporte legal adecuado. Tenía más sentido, pero tampoco acababa de justificar por completo tanto empeño en impedir su celebración, tanta prisa y tantos refuerzos policiales, la persecución de los ilícitos penales –sedición, desobediencia, prevaricación, malversación– que presuntamente rodean al mismo, y digo “presuntamente” porque ninguno de esos delitos ha sido todavía juzgado ni declarado como tal por sentencia.
Pero, una vez llegado el día del referéndum, desde primeras horas de la mañana y a lo largo de la práctica totalidad de la jornada, Policía Nacional y Guardia Civil irrumpieron con una virulencia inesperada en los locales destinados a la celebración de la consulta. Se rompieron puertas y cristales, se forzaron armarios, archivadores y mobiliario. Y, lo que es peor, se contuvo violentamente a las personas que desde bien temprano estaban haciendo cola para ejercer el voto, llegándose en los momentos álgidos a la utilización de la fuerza bruta. Golpes con las porras reglamentarias, disparos con balas de goma –prohibidas en todo el territorio catalán a raíz del tristemente célebre caso de Ester Quintana–, lanzamiento de gases lacrimógenos, incluso disparos al aire, arrojaron el mencionado saldo de heridos de diversa consideración, entre los cuales estaban personas de todas las edades. En el momento de escribir estas líneas no tengo noticia de que ninguna de esas acciones fuera llevada a cabo por Mossos d’Esquadra; es más, estos últimos tienen ahora mismo interpuestas varias denuncias por parte de la Guardia Civil, acusándoles de una actitud, dicen, excesivamente “pasiva” a la hora de cumplir las mismas órdenes que tenían ellos.
Está muy claro que, al menos en teoría, Policía Nacional y Guardia Civil –y, también, Mossos d’Esquadra, aunque sobre su actuación siga habiendo diversas dudas– no hacían nada más que cumplir órdenes de la autoridad judicial y del Fiscal General del Estado. Pero parece evidente, a juzgar por el resultado y ante los numerosos testimonios personales y gráficos existentes por parte, incluso, de observadores internacionales, que Policía Nacional y Guardia Civil se extralimitaron en sus funciones, incurriendo a su vez en la perpetración de presuntos delitos que no pueden ni deben justificarse en base al argumento del cumplimiento del deber.
Es evidente, asimismo, que las fuerzas de seguridad del estado están sometidas a unos protocolos de actuación en situaciones como las que se dieron ayer en toda Cataluña. Protocolos que “toleran”, entre comillas, la vulneración de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos en beneficio de un bien común de interés general, tal y como es el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. Espinosa cuestión esta, que debe ser cuidadosamente ponderada por los tribunales de justicia y que se inspira en los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que contemplan la Constitución Española, la Ley 2/ 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Instrucción 12/ 2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En cualquier caso, y a la espera de que se lleven a cabo las investigaciones oportunas destinadas a depurar responsabilidades, ninguno de esos principios pareció cumplirse ayer en las actuaciones de contención llevadas a cabo en Cataluña por Policía Nacional y Guardia Civil que acabaron con un saldo de heridos o lesionados. Se violó el principio de oportunidad, que es el que atañe a la necesidad de recurrir o no a la coacción física, de acuerdo con los datos conocidos sobre la situación y el sujeto o sujetos a contener. Se violó el principio de congruencia, por el cual la decisión del empleo de la fuerza por parte del agente, para que sea legítimo, tendrá que llevarse a cabo mediante el medio legal disponible más idóneo y que se adapte mejor a la situación a contener. Y se violó el principio de proporcionalidad, en virtud del cual la fuerza de contención a emplear no sobrepase nunca la estrictamente necesaria para conseguir el control de las situaciones o de las personas que lo requieran.
La necesidad de las acciones policiales de contención, registro, incautación y cierre precintado no encaja con el comportamiento general del colectivo de personas que estaban a cargo de las mesas y colegios electorales, ni con las que estaban aguardando turno para votar siguiendo el régimen de cola. Más si tenemos en cuenta que entre ellas se hallaban muchos infantes y personas de edad avanzada, las cuales bien poco peligro podían ofrecer al orden público y la seguridad ciudadana. Con independencia de que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil hubiesen sido previamente informados en torno a la supuesta “peligrosidad” (¿?) de tales personas, resulta evidente que su actuación fue desproporcionada y que deberían exigirse responsabilidades tanto a aquellos agentes que, en casos concretos, hayan incurrido en esos excesos de celo tan pronto sean debidamente identificados, como, por descontado, a sus superiores jerárquicos, principales responsables de sus actuaciones.
En resumen, que el cumplimiento de resoluciones judiciales y de instrucciones de la Fiscalía General del Estado no justifica unas actuaciones policiales que fueron más allá del estricto cumplimiento de su deber y terminaron incurriendo en delitos –presuntos, a la espera de que sean juzgados y declarados como tales en sentencia judicial– de lesiones y daños de diversa consideración, a los cuales podrían quizá sumarse otros como amenazas o intimidación.
Cuestión particularmente compleja es si, como se ha dicho, la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil supuso una violación del derecho a la libertad de expresión y el derecho de sufragio, ambos estrechamente relacionados entre sí, habida cuenta de que es difícil concebir una libertad de expresión que no contemple o que limite el derecho al sufragio, y a la inversa, dado que comparten elementos que les son consustanciales. El problema vuelve a ser la dificultad que plantea la participación en un referéndum que había sido convocado sin las garantías más elementales, tales como un censo electoral adecuado. Puede volver a decirse que votar en este referéndum no hubiese servido para nada porque, al ser ilegal e inconstitucional según el criterio del Estado Español, su resultado quedaba invalidado desde el principio. Pero, a fin de cuentas, nada impedía celebrarlo por parte de sus organizadores, tanto si asumían ese riesgo de invalidación como si no, pues su celebración no ofrecía, a priori, riesgo alguno para el orden público o la seguridad ciudadana, y dejando al margen el hecho de que dicha consulta tenga o pueda tener un gran valor simbólico/ sentimental/ reivindicativo o el que se quiera para sus organizadores, y que, como consecuencia de ello, movilice –como movilizó– a un importante sector de la población catalana.
Podemos considerar, bajo cierto punto de vista, que la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil podría ser, asimismo, constitutiva de presuntos delitos electorales, tales como los de impedir o dificultar injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos de procedimiento electoral (artículo 146.c) de la Ley Orgánica 5/ 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General); y de perturbación de actos electorales o penetración en los locales donde se están celebrando portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales (artículo 147 del mismo cuerpo legal). Pero, claro, estamos hablando de un referéndum, teóricamente, ilegal e inconstitucional, y de penetración en locales ordenada por la autoridad judicial. Habrá que dilucidarlo en cada caso.
Más allá de todos estos tecnicismos legales, y de algunos otros que probablemente surgirán ahora o más adelante, lo que subyace de lo ocurrido ayer en Cataluña es la ignominiosa sensación de vergüenza ante unos hechos que, cada día está más claro, podrían haberse evitado perfectamente por la vía del diálogo. El President de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont tiene parte de responsabilidad en lo ocurrido, al haber incurrido él y los miembros del Govern catalán en una actitud temeraria, apoyando un referéndum irregularmente convocado y movidos por un exceso de entusiasmo y de confianza en sí mismos ante el convencimiento de que el Estado Español nunca se hubiese atrevido a llevar a cabo una acción represiva de tanta contundencia.
Pero la mayor responsabilidad sigue recayendo, como desde el primer día, en el Presidente del Gobierno Español Mariano Rajoy, máximo responsable de las fuerzas de seguridad del estado, y por tanto la persona que ha dictado las órdenes que han culminado en este desastre, o en su defecto, principal responsable jerárquico del energúmeno que lo haya hecho. Su primer error, grave, consistió en enviar a Policía Nacional y Guardia Civil a Cataluña con la esperanza de sembrar el miedo y la intimidación entre un pueblo que tan solo pretendía votar, aunque fuera en un referéndum nacido cojo y de resultados inseguros. Rajoy ha demostrado arrogancia, insensibilidad y, sobre todo, una profunda ignorancia hacia el carácter, el pensamiento y los sentimientos del pueblo catalán. Un pueblo al que nadie, y menos él, tiene que darle lecciones de democracia: no olvidemos, en palabras de Santiago Carrillo, que Cataluña y Barcelona fueron el último bastión que defendió la democracia contra Franco en la guerra civil.
Salvo que se quiera llegar a la solución de un referéndum pactado, algo que podría haberse hecho mucho antes y sin necesidad, como quizá ocurra ahora, de intentar limpiar de ese modo la sangre por parte de quienes, por acción u omisión, han tenido algo que ver en su derramamiento, ahora mismo no veo un futuro muy halagüeño. La aparente minusvaloración, cuando no abierta indiferencia del Gobierno Español ante lo ocurrido ayer en Cataluña, y el consabido cruce de reproches desde posiciones políticas irreconciliables, no permite albergar esperanzas a corto plazo. Cabe la posibilidad de que la comunidad internacional reaccione y preste a Cataluña apoyos interesantes, pero esa es una opción, ahora mismo, un tanto vaga, habida cuenta la dificultad intrínseca, volvamos a repetir, de que se acepte allende nuestras fronteras el resultado de un referéndum considerado ilegal e inconstitucional dentro del territorio nacional donde se ha celebrado y sin que la aceptación del mismo se vea como una injerencia en la soberanía del Estado Español, por más que, según el Govern catalán, sus resultados hayan sido –a pesar de todo– espectaculares: más de dos millones de votos, un 90% de los cuales a favor del “sí”, que tendrían el mérito indiscutible de haber sido arrancados en medio de empujones, palizas y cargas policiales.
La situación cambió radicalmente de ayer a hoy. Mañana hay convocada en Cataluña una huelga general. La posibilidad de una declaración unilateral de independencia por parte del Govern de la Generalitat se avista en un horizonte muy próximo. Vivimos un momento histórico en el cual todo se mueve de manera muy rápida e inesperada. Esperemos que sea para bien de todos.

sábado, 30 de septiembre de 2017

El mayor fracaso



No soy votante del Partido Popular. No soy votante de ninguno de los partidos políticos que integran Junts Pel Sí. No soy independentista, aunque me considero más catalán que español. Y, caso de que mañana, 1 de octubre de 2017, me dejen votar, votaría “no”.
Dicho esto, que es una opción personal que para nada pretendo que sea compartida, considero que todo lo ocurrido alrededor del referéndum por la independencia de Cataluña que se va a intentar celebrar mañana, y que en el momento de escribir estas líneas todavía está por ver si se va a poder llevar a cabo, es el mayor fracaso de la política española de estos últimos años.
Vaya por delante que comprendo, o creo comprender, las razones que esgrimen los dos grandes bandos políticos enfrentados, por más que no las comparta. El PP y el gobierno catalán han tenido un largo contencioso cuyas actuales consecuencias arrancaron con la pertinaz negativa del primero a negociar con el segundo un trato fiscal diferenciado, y culminaron con el “cepillado” del nuevo Estatut de Autonomia –en palabras de miren ustedes por dónde, un socialista (o así les llamaban), Alfonso Guerra–, aprobado por la mayoría parlamentaria catalana y refrendado por el pueblo catalán, vía impugnación de parte de su articulado ante el Tribunal Constitucional. Puedo entender que el gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, negara al entonces President de la Generalitat Artur Mas un trato fiscal diferencial para Cataluña, estando como estaba el país en los inicios de la durísima crisis económica que, mal que pese, todavía estamos padeciendo. Lo comprendo (mal momento para hablar de ventajas fiscales cuando la crisis nos estaba golpeando de lleno), pero no lo comparto. Siempre existe la posibilidad de hablar, de negociar, de discutir, de llegar a un acuerdo. Pero no. El PP y el gobierno catalán se enrocaron en sus posiciones y no alcanzaron pacto alguno.
Tras una larga cadena de acontecimientos que sería demasiado largo de resumir, llegamos al día de hoy. El Govern de la Generalitat de Catalunya, presidido por Carles Puigdemont y formado por las fuerzas de ideología independentista que suman el Partit Demòcrata Europeu Català –nacido de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya tras su separación de Unió Democràtica de Catalunya–, Esquerra Republicana y la Candidatura d’Unitat Popular, convoca para mañana, 1 de octubre, un referéndum de autodeterminación donde se pregunta a los votantes catalanes –5.300.000 personas, de una población total de alrededor de 7 millones– si quieren seguir formando parte del estado español. Convocatoria que viene refrendada por una serie de leyes del parlamento catalán, si bien aprobadas “por sorpresa” –y pongamos comillas bien grandes, porque era un secreto a voces–, tras ser introducidas en el orden del día sin previo aviso. Toda esa legislación fue recurrida por el Gobierno del Estado Español ante el TC, quien ordenó de inmediato su suspensión cautelar.
A día de hoy, la postura del Gobierno Español es la siguiente. España, dice, es un Estado de Derecho, y el referéndum de autodeterminación convocado en Cataluña es ilegal, porque no existe en nuestro país legislación que lo regule, e inconstitucional, porque vulnera el principio constitucional de integridad del territorio nacional. En consecuencia, y partiendo de esa ilegalidad, el Govern de la Generalitat incurre en una serie de ilícitos penales relacionados con dicha convocatoria fuera de la ley, esto es, sedición, prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos. Y, de nuevo en consecuencia, dos semanas antes de la celebración de ese referéndum, el Gobierno Español, a través de la Fiscalía General del Estado y de las pertinentes denuncias cursadas ante la autoridad judicial competente, emprende una serie de acciones policiales refrendadas judicialmente con vistas a evitar el referéndum de mañana, consistentes en el envío de importantes efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con órdenes expresas de incautar urnas, papeletas, pasquines electorales y toda suerte de materiales necesarios para la celebración del referéndum.
Como abogado en ejercicio, me veo incapaz de discutir, desde un punto de vista estrictamente jurídico-legal, las actuaciones del Gobierno Español en Cataluña. Los registros e incautaciones han sido llevados a cabo por orden judicial; y, si bien parece ser que no todas esas actuaciones están refrendadas por una autoridad judicial competente, por lo menos de momento resulta claro que la mayoría de las mismas sí lo han sido. Tiempo habrá para investigar todas las actuaciones una por una, y en su caso, para depurar responsabilidades. Pero esto se dilucidará a posteriori. La cuestión ahora no es esa. La cuestión es que, por más que guste o no –y a mí, sin ir más lejos, no me gusta en absoluto–, la actuación de Guardia Civil y Policía Nacional ha sido correcta, repito, desde la perspectiva jurídico-legal.
El PP y sus asociados –entre ellos, sobre todo, el partido españolista Ciudadanos–, no han parado de repetir estos días, como vienen haciendo desde hace mucho tiempo con todo lo relacionado con el así llamado desafío soberanista catalán, que España es un Estado de Derecho (cierto), que se rige por el imperio de la ley (cierto), y que la ley se inspira a su vez en los derechos y principios fundamentales reconocidos en la Constitución Española (cierto). Es decir, el Gobierno Español y sus aliados en esta materia –entre ellos, y tristemente, un Partido Socialista Obrero Español que quién lo ha visto y quién lo ve–, aplican un argumento positivista, según el cual la Ley, con mayúscula, está por encima de todo y de todos, e intentar no ya vulnerarla sino tan siquiera interpretarla en un sentido diferente convierte automáticamente a quien lo haga en una especie de paria fuera de la sociedad, cuando no en un delincuente. Da pena oír, como he oído hoy, al secretario general del PSOE Pedro Sánchez diciendo por televisión que ninguna idea está por encima de la Constitución. Una afirmación, a mi entender, completamente equivocada, por paradójica: si estamos de acuerdo en que la CE es la norma fundamental que recoge los derechos y las libertades de todos los ciudadanos españoles, una idea nunca puede estar ni por encima ni por debajo de ella, dado que la CE es el marco garantizador de todas las ideas, y de su libre exposición y defensa. Aunque esa idea sea la autodeterminación de una parte del territorio nacional.
El argumento positivista es a veces un arma de doble filo que no puede, ni debe, interpretarse de manera textual. Cierto es que, al menos en principio, nadie está por encima de la ley. Pero no lo es menos que la ley, aun siendo la primera y principal fuente del Derecho –seguida por la costumbre y los principios generales del Derecho–, no es algo inmutable, como no lo es ninguna creación humana. La ley es un instrumento para regir el orden político, social y económico, y como tal, es un instrumento al servicio de los ciudadanos, entendiendo dentro de ese concepto de ciudadanía las ideas, pensamientos, sentimientos y evolución de los usos y costumbres de cada momento dentro de nuestra sociedad. Cuando una ley envejece, o bien se modifica, o bien se deroga. Y no pasa nada. Porque las leyes, como las personas, no duran para siempre. Duran lo que duran, sirven para lo que sirven, y cuando termina su uso como consecuencia de la evolución y cambio de las circunstancias político-social-económicas de cada momento histórico, las leyes, tal y como han “nacido” (tras haberlas estudiado/ aprobado/ promulgado), “mueren” (por derogación total o parcial). Y, vuelvo a repetirlo, no pasa nada.
La explosión del desafío independentista vino precedida de un debate legal. No era posible convocar legalmente un referéndum de autodeterminación de un territorio del estado o, mejor dicho, de una comunidad autónoma como Cataluña porque se discutía, y sigue discutiéndose, si la Constitución Española prevé o no dicha posibilidad. Para los defensores de las tesis del Gobierno Español, y siguiendo la actual jurisprudencia del TC, la CE no solo no contempla ese supuesto, sino que incluso, interpreta, lo prohíbe expresamente cuando proclama que España es una nación única e indivisible. Tras dicho debate se encuentra, latente, una vieja cuestión: la de la existencia de las así llamadas nacionalidades históricas, concretamente Cataluña y el País Vasco, y su trato particular en sus relaciones con el Estado Español. Estos días ha vuelto a aflorar una (otra) vieja idea, la consideración de España como lo que algunos llaman nación de naciones, o nación de nacionalidades, como afirman otros y, de hecho, tal y como lo recoge la CE. No han faltado voces negando la existencia de otras naciones o nacionalidades dentro de la geografía española, pero, como todas las afirmaciones hechas desde la ignorancia o desde la negación de la Historia, no deben ser tenidas en cuenta.
El debate se cerró, prematuramente, negando lo que parecía, a priori, la opción más directa: modificar la CE, siguiendo los mecanismos previstos en el propio texto constitucional, a fin de recoger el derecho de autodeterminación de los pueblos, naciones o nacionalidades que componen España, de cara a poder solicitar más adelante un referéndum al respecto. A fin de cuentas, el derecho de autodeterminación no es, ni mucho menos, un invento de la CUP, sino un derecho fundamental que se encuentra presente desde los inicios mismos de la historia de la humanidad y que recoge la práctica totalidad de tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales. Y la cuestión sobre la independencia de Cataluña trae cola desde hace cientos de años: no estamos hablando de nada nuevo, sino de algo que tiene una fortísima tradición histórico-cultural, y en absoluto carente de fundamento. Pero la negativa del Gobierno Español a efectuar esa modificación constitucional, y con ella dar vía libre a facilitar las aspiraciones independentistas de Cataluña (y, sin duda, por más que no suela decirse explícitamente, las del País Vasco), fue el detonante de la crisis política en la que nos encontramos.
En el momento actual, el PP, el PSOE y Ciudadanos principalmente, mantienen el argumento positivista según el cual, dicen con insistencia digna de mejor causa, que nadie está por encima de la ley. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pues en principio dicha afirmación es completamente cierta… aunque no por ello está libre de matizaciones. Nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos deben respetarla y acatarla… siempre y cuando no sea injusta. Esto no lo digo yo, lo dice la práctica totalidad de la jurisprudencia sobre derechos humanos y libertades fundamentales del mundo entero. Tampoco hay que olvidar que la ley no equivale necesariamente a justicia, pues una ley puede ser tanto justa como injusta. De acuerdo con este argumento positivista, para los detractores del desafío soberanista catalán la ley es justa, y adecuada, y por tanto se debe cumplir sin rechistar; justo lo contrario de lo que opina el bloque separatista catalán, que sobre todo imbuido por los posicionamientos de la CUP, ha acabado adoptando uno de los credos de esta última: la desobediencia civil. En cualquier caso, es una equivocación total y absoluta creer que la ley, por el mero hecho de ser ley, es la máxima expresión de la justicia. Basta con echar un rápido vistazo a la Historia para ver cómo, por ejemplo, las Revoluciones Americana y Francesa fueron, de hecho, completamente ilegales, dado que fueron llevadas a cabo contra el Antiguo Régimen, y nadie duda que fue gracias a esas revueltas por lo que hoy disfrutamos de los derechos y libertades que tenemos.
No olvidemos tampoco, como bien sabe cualquier estudiante de primero de Derecho (o debería saberlo), que el argumento positivista fue esgrimido por los abogados de los nazis durante el juicio de Nüremberg. Los alemanes –decían– se limitaban a cumplir con las leyes vigentes en su país; y, por más que una de esas leyes contemplara el Holocausto y la tristemente célebre Solución Final, el imperio de la ley, y la obligación de acatarla en un Estado de Derecho, les eximía de todas las atrocidades cometidas. Dicho argumento fue rebatido, entre otros razonamientos, por la idea de que la ley tiene que ser, siempre, un instrumento al servicio de todos los ciudadanos, y nunca –como en el caso de los nazis– un instrumento “legítimo”, o “legitimador”, para cometer bajo su amparo todo tipo de tropelías. Naturalmente, ha llovido mucho desde las Revoluciones Americana y Francesa; no tanto desde el nazismo, pero también lo suyo. Y estamos de acuerdo en que las circunstancias del desafío soberanista catalán son completa y radicalmente diferentes. No se trata ya de organizar una revuelta armada y cortar cabezas, ni mucho menos de gasear a seres humanos, sino, pura y simplemente, de llevar a cabo un referéndum sobre una cuestión, cierto es, importante.
Teniendo en cuenta que acontecimientos como las mencionadas revoluciones fueron ilegales, y el nazismo legal, parece claro que mantener a ultranza el carácter positivista de la ley es algo, como mínimo, matizable. Pero eso tampoco significa, ni mucho menos justifica, que la ley pueda saltarse a la torera de manera caprichosa. Si una ley es imperfecta, injusta o decididamente dañina, hay que seguir los procedimientos democráticos establecidos para su modificación, subsanación o supresión, según los casos. Aunque asimismo puedo comprender hasta cierto punto que el Parlament de Catalunya se saltara procedimientos parlamentarios en perjuicio de derechos fundamentales de la oposición, con vistas probablemente a forzar una negociación definitiva sobre la cuestión con el Estado Español en un futuro inmediato, se trata de una maniobra que no es aceptable en absoluto. Cualquier jurista sabe perfectamente que el referéndum de mañana está mal hecho, dicho de nuevo desde un punto de vista estrictamente jurídico-legal. Dejando aparte sus abundantes defectos formales –ausencia de censo electoral, etc.–, su planteamiento “desobediente” con respecto a la norma constitucional vigente en España en materia de referéndums sobre una cuestión como la autodeterminación de una parte del territorio nacional invalida, de entrada, el resultado que pueda conseguirse mañana en las urnas. La falta de solidez legal de la consulta, y todas sus imperfecciones jurídicas, tendrán como consecuencia un resultado que será invalidado por el Estado Español, y probablemente, por buena parte de la comunidad internacional. Y lo que es peor, y mal que pese, esa invalidez será completamente legítima y estará completamente justificada, al considerarse la mera consecuencia material, pero sin sustancia, de una convocatoria electoral ilegal y anticonstitucional. Lo mismo ocurrirá con la teórica declaración unilateral de independencia de Cataluña, por las mismas razones jurídico-legales.
Ahora bien, y llegados a este punto, la gran pregunta que cabe hacerse es: ¿había para tanto?
Miles de guardias civiles y policías nacionales enviados a Cataluña; furgones, helicópteros y hasta un vehículo con cañón de agua “simpáticamente” conocido como El Botijo. Registros. Incautaciones de material para el referéndum. Detenciones. 712 alcaldes catalanes citados a declarar. Tres cruceros llenos de policías nacionales. Avisos de multas a funcionarios, a alcaldes, a directores de escuelas que van a ser utilizadas como colegios electorales.
La creación de un clima de miedo, de tensión, de malestar, de guerra… por un referéndum.
Hay más preguntas que hacerse. ¿Realmente era necesario todo este despliegue policial dos semanas antes del referéndum? El Gobierno Español dice que sí: a toda la parafernalia argumentativa habitual en torno al Estado de Derecho, la salvaguarda de la unidad de España, etc., etc., añaden algo que, desde el punto de vista jurídico-legal, es inapelable: que, desde la perspectiva del Gobierno Español, la Guardia Civil y la Policía Nacional no hace otra cosa que perseguir los delitos, recogidos en el Código Penal –sedición, desobediencia, prevaricación y malversación–, cuya comisión ha facilitado la convocatoria de un referéndum calificado hasta la saciedad como ilegal e inconstitucional pero que quizá podría ser considerado en puridad de conceptos más bien como ALEGAL, en cuanto no contemplado ni por la CE ni por ninguna ley nacional, pero no por ello, ni mucho menos, un ilícito penal. De hecho, la convocatoria de un referéndum no es un delito dentro del ordenamiento jurídico español, e insistamos, el derecho de autodeterminación de los pueblos está reconocido sin el menor género de duda por el ordenamiento jurídico internacional.
¿No habría bastado con una severa advertencia por parte del Gobierno Español al Govern catalán de que, según ellos, el referéndum era ilegal, inconstitucional, etc., y que su realización comporta la comisión de delitos, y, una vez consumados en el día de mañana todos esos ilícitos penales, proceder entonces a la actuación policial? La Generalitat de Catalunya y el pueblo catalán entero harían el más espantoso de los ridículos, y el Estado Español podría alzarse, triunfante, el día 2 de octubre. Ni siquiera hubiesen hecho falta tantas dotaciones de guardias civiles y policías nacionales para detener a los responsables de esos supuestos delitos el próximo lunes, o si me apuran, el mismo domingo por la noche. Hubiese bastado con esperar un poco. Puede argumentarse en contra de esta opinión que la Fiscalía General del Estado y los jueces no han hecho sino proceder a cumplir con su obligación de perseguir delitos de manera inmediata, con vistas a evitar que su consumación pudiera producir daños mayores.
La siguiente pregunta que salta a la palestra es: ¿qué daños? ¿Qué puede hacer el resultado de un referéndum, se supone, convocado sin garantías, y en el que, salga lo que salga, estará completamente deslegitimado y carente de validez alguna? Desde un punto de vista jurídico-legal, ninguno. Un referéndum convocado así es tan solo papel mojado. Como también lo es la teórica declaración unilateral de independencia de Cataluña, prevista para 48 horas después, caso de alcanzarse una mayoría de esos votos que nadie sabe exactamente cómo se van a recoger ni quién los va a computar. Nada más nada es igual a nada.
Por tanto, ¿por qué tanto empeño en impedir un referéndum y una declaración unilateral de independencia que, dicen, no valen nada?
¿Acaso no será que, contrariamente a lo que afirma el Gobierno Español, ese referéndum mal hecho, mal planteado y completamente torpedeado por la actuación policial… sí que sirve para algo?
Entramos aquí en un terreno resbaladizo que, a pesar de que dice sustentarse en el ordenamiento jurídico de España, según el Gobierno Español, y en el ordenamiento jurídico internacional, según el Govern de la Generalitat, se encuentra más bien en el territorio cenagoso, inseguro y repleto de intereses particulares de la política.
Teniendo en cuenta que es completamente imposible para nadie predecir con total exactitud qué ocurrirá mañana, parece que ahora mismo el miedo del Gobierno Español es que una participación masiva y pacífica de la población catalana pueda servir para darle al referéndum una determinada legitimidad a los ojos de la comunidad internacional. La forma de tratar de impedirlo sería, como se ha hecho, mediante una fuerte movilización policial como no se ha visto –mal que pese– desde los tiempos del franquismo. No menos temeroso debe mostrarse el Govern catalán ante la presión ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado Español –y también, en contra de lo que quizá les dicta su fuero más íntimo, por los propios Mossos d’Esquadra, hasta hace poco los héroes del atentado terrorista del pasado 17 de agosto–; una presión que, como digo, acabe provocando el fracaso de la consulta, unida a un siempre incómodo e inoportuno pronóstico de lluvia para mañana mismo. Fracaso que desembocaría en un adelantamiento de las elecciones autonómicas catalanas, ya previsto en la legislación suspendida por el TC. En cualquier caso, parece claro que el conflicto planteado es el mayor fracaso político de la historia española contemporánea. Y, si bien es justo reconocer el grado de participación culpable del Govern de la Generalitat, azuzando un “choque de trenes” mediante una irresponsable maniobra parlamentaria destinada a legitimar un referéndum que no ha sido lo suficientemente trabajado, no cabe la menor duda de que la mayor parte de la responsabilidad de lo que pueda ocurrir mañana en Cataluña recae principalmente en un Gobierno Español que, aparentemente incapaz de manejar esta situación, o quizá arrogantemente pagado de sí mismo, ha preferido dejar su trabajo, hacer política, en manos de personas –jueces y fuerzas de seguridad estatales y autonómicas–, que tan solo se limitan a hacer el suyo.
Queda, pues, en manos de los políticos que este fracaso total y absoluto, y que tan solo les compete a ellos, no derive a partir de mañana en un completo desastre para la ciudadanía. Esperémoslo.

jueves, 31 de agosto de 2017

Los terroristas han ganado



17 de agosto de 2017. Atentado terrorista en la Rambla de Barcelona y en el Paseo Marítimo de Cambrils, con un balance, por ahora, de 16 víctimas mortales y más de cien heridos de diversa consideración.

En los momentos inmediatamente posteriores a la tragedia, y en días sucesivos, presenciamos grandes gestos espontáneos de la ciudadanía, triunfadora moral de tan luctuosa jornada. Personas que rápidamente acuden a ayudar, acompañar o al menos consolar a los heridos mientras llega la asistencia sanitaria. Gente que, al día siguiente del atentado, disuelve una manifestación neonazi y antimusulmana en pleno centro de Barcelona. Días más tarde, el padre de un niño de 3 años, asesinado en el atentado de la Rambla, se funde en un abrazo con un imán. Todo es susceptible de matizaciones, por descontado: en la disolución de la manifestación neonazi también participaron las fuerzas de seguridad; y los medios de información recogieron con sus cámaras el abrazo entre el padre del pequeño asesinado y el imán deseoso de demostrar, por enésima vez, que islam no es violencia, porque esa conmovedora imagen sin duda alguna “vende”. Pero esas manchas de gris no consiguen emborronar la grandeza inherente, la verdad absoluta, de esos gestos.
Y, mientras tanto, la clase política, las fuerzas del orden y las administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales, ¿qué hacen? Un bombardeo continuo de acusaciones cruzadas. Según la Policía Nacional y la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra acapararon la mayoría de las actuaciones para dar una imagen de fuerza de seguridad autosuficiente de cara a la hipotética constitución de la República Catalana que podría surgir, caso de darse un resultado electoral positivo, en el controvertido referéndum convocado por el gobierno catalán para el próximo 1 de octubre. Según los Mossos, el gobierno central de España les ocultó, o sencillamente pasó por alto, información vital sobre la cédula terrorista responsable de los atentados del 17-A que se estaba “cociendo” en Cataluña. Además, los Mossos se quejan de que no tienen acceso a Europol. Según el gobierno central, sí que lo tienen, pero no un acceso directo, sino a través de un organismo intermedio.
La cosa no acaba ahí. Es más, apenas es el principio, un mero “calentamiento de motores”. Se discute si la estratégica colocación de bolardos y maceteros hubiese podido impedir o al menos dificultar los atentados de Barcelona y Cambrils, perpetrados usando furgonetas para atropellar indiscriminadamente a las víctimas. Que sí, que hay que poner bolardos y maceteros en todas las ciudades de España, y así eso no ocurrirá, u ocurrirá menos. Que no, que unos obstáculos para vehículos no son la solución al problema, que los terroristas ya se las ingeniarán para inventarse nuevos métodos para asesinar.  
El 26 de agosto se convoca en Barcelona una manifestación de apoyo a las víctimas de los atentados y de rechazo al terrorismo. Días antes se insinúa que porqué no se convocan manifestaciones en Madrid o en el resto de España. Que no, si el atentado ha pasado allí, es allí donde deben manifestarse, y quien quiera sumarse a la marcha ya lo hará. La CUP anuncia que no piensa asistir a la manifestación porque entre quienes la encabezarán se hallarán el rey Felipe VI y el presidente del gobierno central Mariano Rajoy. Luego que no, que la CUP asistirá, pero colocándose a una distancia prudencial del rey y del presidente del gobierno español.
Llega el día de la manifestación, que se desarrolla con notable normalidad. Pero el temporal de la controversia no amaina. Dejando de lado la extraordinaria lección de comportamiento y actitud constructiva de la ciudadanía, las fuerzas políticas no se dan por aludidas y arremeten, desde todos los puntos de vista, contra determinados aspectos de la manifestación. La presencia de banderas “estelades” consideradas fuera de lugar. Silbidos y abucheos al rey y al presidente del gobierno central. Discusiones sobre cómo deben hacerse las manifestaciones, la pertinencia o inoportunidad de esos silbidos y abucheos, qué era lo importante en ese momento y qué no, la interferencia del debate secesionista catalán en medio de un acto de respeto a las víctimas. El eterno conflicto, lejos aún de haber concluido, sobre la libertad de expresión y de pensamiento.
Más recientemente, salta a la palestra que una fuente de información norteamericana –según algunos, la CIA– había avisado al gobierno de la Generalitat de la elevada posibilidad de un atentado terrorista en Barcelona. Advertencia que los responsables de Interior del gobierno autonómico descartaron, por poco fiable, tal y como luego hizo el gobierno central, por las mismas razones.
Supongamos que somos terroristas islámicos. Vemos la televisión, la Internet, la prensa. ¿Y qué vemos? Un país sumido en una perpetua polémica, derivada del daño que les hemos hecho. Un país que asegura no tener miedo (“¡No tinc por!”), pero donde se habla de reforzar las medidas de seguridad: la posibilidad de elevar la alerta antiterrorista de nivel 4 a alerta 5, el grado máximo, ha estado presente en todos los debates. Un país donde se quieren colocar bolardos y maceteros donde antes no los había. Donde, hasta no hace mucho, se miraba con recelo a sus policías, a sus guardias civiles, a sus Mossos, y ahora se les aplaude y vitorea como a héroes, y se decora sus furgones con flores. Donde las fuerzas de orden no hacen más que intercambiarse reproches en nombre de la “estrecha colaboración”.
Como terroristas islámicos, sonreímos, satisfechos. Miramos al cielo. Hemos dado en el clavo. Hemos metido el dedo en la llaga. El sacrificio de nuestros hermanos ha valido la pena. Hemos pillado desprevenida a una nación europea. Hemos golpeado con fiereza en el corazón de la ciudad más turística de España. Hemos derramado su sangre y sus lágrimas. Y lo mejor no es eso. Lo mejor es que les hemos dividido mucho más de lo que estaban. Sus cuerpos de policía se miran con recelo. Sus políticos están más enfrentados que nunca. Sus cuitas no hacen sino alimentar nuestra campaña de terror. Les hemos causado un daño irreparable y no parecen haberse dado cuenta de ello. Les hemos destrozado su autoestima, su confianza, su seguridad, sus valores. Y sus líderes, que deberían infundirles ánimos, arroparles, protegerles, sanarles, consolarles, se han convertido con su indecisión, con su dejadez, con su mediocridad, con su egoísmo, en nuestra mejor arma. Hemos ganado. ¡Alá es grande!

Los terroristas han ganado este combate. No les dejemos ganar la guerra.

jueves, 17 de agosto de 2017

El TC no ampara a Juana Rivas



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE MARISA RECUERO Y RAMÓN RAMOS PUBLICADO EN “EL MUNDO” EL 17.08.2017. Foto: agencia Efe.] Juana Rivas tendrá que cumplir con la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada y entregar a sus dos hijos, de 11 y tres años, a Francesco Arcuri. El Tribunal Constitucional (TC) decidió, ayer, por segunda vez en 16 días, no amparar a la mujer de Maracena (Granada) en su petición para tumbar la orden judicial que le obliga a devolver a los menores a su padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones contra la madre de los niños.
En una providencia dictada por el Alto Tribunal, los magistrados advierten de que el segundo recurso de amparo que presentaron los abogados de Juana el pasado 10 de agosto es «extemporáneo» porque lo hicieron fuera del plazo, «transcurridos en exceso los 30 días hábiles» que fija la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Dicho esto, el Tribunal recuerda que la sentencia que obliga a la madre a entregar a los menores fue dictada hace casi cuatro meses. De hecho, está fechada el pasado 21 de abril y se notificó a los representantes legales de Juana cinco días después, el 26 de abril. La ley a la que hace referencia el Constitucional contempla que los 30 días arrancan desde la fecha en la que se produce la notificación de la resolución.
En este sentido, el Alto Tribunal reprende a los abogados por su actuación procesal en el caso, calificando de «improcedente» la manera en que tramitaron los recursos. Es más, deja claro que ese «modo» de actuar es el que impidió «que esta actividad impugnatoria pueda ser tomada en consideración a los efectos del cómputo del plazo para la interposición del recurso de amparo», concluyen los magistrados.
La Sala de Vacaciones del Tribunal –nombre con el que se conoce al grupo de jueces que están de guardia en periodo estival– recuerda que la primera medida que tomaron los abogados de Rivas contra la sentencia fue presentar un recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó tras advertir de que no era la vía judicial correcta para recurrir.
Ante ello, los representantes legales de Juana Rivas presentaron un recurso de queja contra esta resolución. La sorpresa es que antes de que el Supremo lo resolviera, ya habían recurrido en amparo ante el Constitucional. Fue el pasado 31 de julio. De hecho, fue ese motivo por el que este Alto Tribunal no admitió este primer recurso, al considerar que no había «concluido el proceso abierto en la vía judicial».
«El carácter manifiestamente improcedente del modo en que se formuló el recurso extraordinario por infracción procesal y la circunstancia de que voluntariamente se haya desistido del anuncio de la intención de presentar recurso de queja» son los dos motivos alegados por el Constitucional para justificar su inadmisión a trámite del segundo recurso de amparo, «a los efectos del cómputo del plazo para la interposición del recurso».
Juana debió haber entregado a sus hijos el pasado 26 de julio y está desaparecida –con los niños– desde el pasado 25 de julio. El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada dictó una orden de busca y captura contra ella por no presentarse en la fecha fijada en el juzgado.
Tras conocer la decisión del Alto Tribunal, la asesora de Juana Rivas, Francisca Granados, anunció que llevará el caso a Estrasburgo y solicitará al Ministerio Fiscal que presente un recurso de súplica ante el Constitucional por ser la única institución judicial que puede hacerlo.
Granados calificó la decisión del TC de «mazazo» y criticó que «todavía» haya jueces «que no se han reciclado». Dicho esto, aseguró no haber hablado en las últimas horas con Juana Rivas.
Por su parte, Almudena Mendoza, la abogada que ha representado a Rivas ante el Constitucional, calificó la decisión de «absolutamente incongruente», criticando que el Alto Tribunal no entró a valorar el fondo de la causa, informa Efe. A juicio del despacho Montero Estévez, al que pertenece la letrada, dicha resolución se contradice con la primera decisión del TC, que entendió que se debía de remitir a la Audiencia de Granada para ver si había transcurrido dicho plazo.
En este sentido, Mendoza recuerda que en la resolución dictada por el Constitucional el pasado 31 de julio este determinó que no estaba agotada la vía judicial, es decir, que «aún no había comenzado el plazo para la interposición del recurso de amparo». «El Tribunal ha declinado entrar en el fondo del asunto y su argumentación no se sostiene».
En cuanto al padre de los niños, su abogado, Adolfo Alonso, no tardó en reaccionar tras conocer la decisión del Tribunal. El letrado se lamentó por el sufrimiento «innecesario» que, advirtió, sufre Arcuri y denunció el «ataque» al Estado de Derecho que supuso el recurso de amparo. Alonso confía en que Juana Rivas aparezca ahora, tras 22 días en paradero desconocido.
Los hechos
2004. Juana Rivas y Francesco Arcuri, de nacionalidad italiana, se conocen en Londres, donde él trabajaba hacía años y ella había ido a aprender inglés.
2006. El primer hijo de la pareja nace en Granada, donde se habían trasladado a vivir.
2009. Arcuri es condenado a tres meses de cárcel por maltratar a Rivas. Le imponen una orden de alejamiento de un año.
2012. La pareja reanuda la relación y se traslada a vivir a la localidad de Carloforte, en Cerdeña, donde él regenta un hotel rural. Dos años después, nace su segundo hijo.
Julio de 2016. Juana Rivas vuelve a Granada con sus hijos para pasar las vacaciones, pero nunca regresa a Italia y denuncia por segunda vez a Arcuri por malos tratos.
Noviembre de 2016. El padre denuncia la sustracción de los dos menores. Un mes después, el Juzgado de Primera Instancia de Granada acuerda la restitución de los hijos a Arcuri.
Abril de 2017. La Audiencia de Granada ratifica la sentencia de la juez de Primera Instancia de noviembre de 2016 por la cual los dos menores, que ya tienen 11 y tres años, deben ser devueltos a su padre en Italia.
26 de julio de 2017. Rivas no se presenta en el punto de encuentro de entrega de los niños. El padre vuelve a denunciar, ahora por retención ilegal.
8 de agosto de 2017. Juana Rivas no se presenta a la vista fijada en la Audiencia de Granada y se dicta una orden de arresto.
10 de agosto de 2017. La Audiencia de Granada reitera que Rivas ha de devolver a sus hijos.
16 de agosto de 2017. El Tribunal Constitucional rechaza la petición de Juana Rivas de paralizar la devolución de sus hijos.

martes, 15 de agosto de 2017

Dos vidas para Juana Rivas



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE PILAR ÁLVAREZ (GRANADA) Y LUCÍA MAGI (ROMA) PUBLICADO EN “EL PAÍS” EL 13.08.2017. Foto publicada en la versión digital de “ABC(1) el 10.08.2017.] Esta historia empezó en Londres en 2004. Juana Rivas tiene entonces 23 años y reside en Maracena (Granada). Es la segunda de tres hermanos de una familia modesta que vive de la hostelería. Trabaja como dependienta en El Corte Inglés. Decide pedir una excedencia para ir a la capital del Reino Unido a aprender inglés. Francesco Arcuri, hijo de una familia genovesa de clase acomodada y 15 años mayor que ella, lleva más de una década en Londres, donde regenta un restaurante. Se conocen y se enamoran. Ella se queda embarazada.
Era el inicio de una relación convertida hoy en una pesadilla. EL PAÍS ha recabado los testimonios de allegados para reconstruir una historia que parecen dos: la vida de Juana Rivas que cuenta su familia y la que relatan el exmarido y su entorno.
Los últimos datos son los siguientes. Rivas está en busca y captura desde el pasado 8 de agosto. La mujer se esfumó hace 18 días con sus dos hijos, de 11 y 3 años, para eludir la orden judicial de entregarlos al padre, Francesco Arcuri, que tiene la custodia provisional de los menores. Arcuri, condenado por maltrato en 2009, la denunció por sustracción internacional de los niños después de que saliera con ellos desde la isla italiana de San Pietro, donde vivían todos, hasta España en mayo de 2016 para no regresar. La mujer lucha desde hace un año por poder quedárselos. “Jamás le he puesto una mano encima”, asegura Arcuri, al que distintos tribunales han dado la razón para que regrese con los menores a Italia. Lleva más de un año sin poder verlos.
Además de una orden italiana, sendas sentencias del juzgado de Primera Instancia y la Audiencia de Granada y un auto decretan la devolución “inmediata" de los niños al padre. La familia de Rivas ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para no entregarlos. La pelea judicial, aún inconclusa, ha dejado dos familias rotas y unos niños desaparecidos.
Francesco Arcuri, que actualmente está en Granada, atiende a este periódico en un café del centro de la ciudad. “En Londres empezamos a vivir juntos porque ella tuvo un incidente mientras hacía yoga y se hizo daño en una pierna. Le dije que se viniera a mi casa. Luego se quedó embarazada. Tenía muchas náuseas y le dije que, si quería, podíamos ir a que pariera a Granada”.
Vino embarazada y, ya desde ahí, a él le pareció todo mal. Ella no podía decidir nada. Le llamaba una pareja de amigos para que fuera a tomar café y no había posibilidad. Francesco no quería relacionarse con nadie de aquí, le decía que sus amigos eran muy poco interesantes. Él se imponía para todo. Era duro, celoso”, cuenta un familiar muy cercano de Rivas, con la condición de anonimato: “Desde el principio vimos que esa relación no tenía futuro”.
El primer hijo nace en el Hospital Materno Infantil de Granada en 2006. Según la familia de Rivas, Arcuri no es un buen padre: “El niño le molestaba. Cuando se despertaba a medianoche por los llantos se ponía violento”. Esta afirmación choca con las versiones de Arcuri y de su entorno, incluido el testimonio de la pediatra de los menores, que le describen como un padre entregado. Los primeros años de vida de su hijo mayor residen en Granada.
Viajan varias veces a San Pietro, en Cerdeña, una isla de 25 kilómetros de largo con playas vírgenes, agua cristalina y naturaleza salvaje donde está el pueblo de Carloforte. Él ya baraja la idea de mudarse allí, de gestionar una casa rural. Comparten la pasión por las cosas naturales. Juana abre en el centro de Granada una tienda de productos ecológicos. Es 2009, el año de la condena por maltrato.
Según la sentencia del Juzgado de la Violencia sobre la Mujer 1 de Granada, el 7 de mayo de ese año a las 5.30, tras llegar Rivas a la casa común, Arcuri le pide explicaciones de dónde ha pasado la noche y la golpea “repetidamente" causándole lesiones que necesitaron asistencia médica. Fue condenado a tres meses de prisión por “lesiones en el ámbito familiar” y se le impuso una orden de alejamiento de ella de un año y tres meses.
Arcuri asegura que aceptó la condena para poder ver a su hijo y en contra del consejo de su abogado. “Ella salía mucho por la noche, siempre le ha gustado. No digo que me estuviera traicionando, o a lo mejor sí, no lo sé. Se iba hasta las 6.30-7.00 y yo me ocupaba del niño. Yo hacía de madre y de padre. Ese día yo estaba durmiendo en una habitación con mi hijo y le dije que se fuera a otra. Se alteró un montón. Cuando se levantó para ir a la tienda, me golpeó. Se fue a la habitación donde tenía mi ordenador y empezó a tirar cosas”. Después de que le detuviera la policía, Arcuri interpuso a su vez una denuncia. Pasaron dos meses. “En el juicio, le pregunté a mi abogado: ‘¿Qué pasa ahora?’. Me dijo: “Damos nuestra versión y ella la suya. El juez decidirá’. ‘¿Y si acepto las culpas?’. ‘Legalmente sería un gran error’. ‘Pero ¿qué pasaría?’. ‘Te condenarían, pero no vas a la cárcel, al niño lo ves casi inmediatamente’. Decidí hacer eso, me parecía que era todo una tontería, que debía rebajar la tensión. Era un momento muy doloroso”.
A partir de la condena, los relatos divergen aún más. Según la familia de ella, permanecieron separados hasta 2013. Era la hermana de Rivas la que quedaba con Arcuri para que viera al niño.
Nos saltamos la orden de alejamiento”, asegura sin embargo él. Sostiene que estaban viviendo juntos a los dos meses de la sentencia. Que visitaron Londres con el niño y que también viajaron a Suiza con la familia de Rivas. “Después ya sí nos separamos, ambos llegamos a tener otras parejas. Yo vivía en Italia y venía a menudo a Granada. Volvimos en marzo o abril de 2013. Le conté lo que estaba haciendo en Carloforte y le entusiasmó”.
Camilo Arcuri, el padre de Francesco, tiene 87 años y ha sido periodista de distintos rotativos italianos. Cuando habla de sus nietos, a los que no ve desde 2015, rompe a llorar. “Cuando venían a Génova, tratábamos a Juana como a una hija. Siempre intentamos no meternos en sus cosas, mantenernos discretos”, explica por teléfono. Francesco es el último de sus tres hijos. “La única cosa que sabemos con absoluta certeza es que mi hijo es un ‘mammo’ [masculino de mamma, palabra que en Italia se usa para definir un padre muy maternal] enamorado de sus hijos, y muy cariñoso con ellos”.
En verano, la población de San Pietro se duplica y llega a 12.000 habitantes. Hay muchas casitas esparcidas por la isla. Una de ellas, una casona antigua a ocho kilómetros del pueblo y rodeada de olivos y frutales, la compró Arcuri para el negocio rural, con tres habitaciones y dos pisos para huéspedes. Se mudaron allí en junio de 2013 y el negocio abrió en 2014. Rivas se quedó de nuevo embarazada de Arcuri y volvió a Granada a tener a su segundo hijo. Él asegura que viajó en una furgoneta Camper con el mayor para llegar a tiempo al hospital.
Fue una historia de amor con rachas malas y dificultades, por eso cambiaban tanto el lugar de residencia. Estaban ilusionados con su proyecto de turismo rural. Ella estaba enamoradísima de Carloforte. Las veces que estuve en su casa, parecía alegre”, asegura Sabina Damico, amiga de Arcuri nacida en Carloforte, adonde viaja cada semana por trabajo y para ver a la familia. Algunos de los comentarios dejados en Internet por los huéspedes de la casa ponen el acento en la hospitalidad de los dos: “El entusiasmo de Juana”, “la amabilidad de Juana y Francesco”, “la serenidad de los propietarios”, se lee en algunos del agosto de 2015.
Siempre me pareció que Juana estaba contenta. Compartían la idea de vivir en comunidad, cerca de la naturaleza y de forma sencilla”, explica Franco Ercole, de 73 años, que vio crecer a Arcuri y a sus dos hermanos. Relata noches de guitarra y paellas preparadas por Rivas en la isla, en “una atmósfera de armonía”. Él apoyó a Arcuri con el proyecto, comprándole otra casa que tenía en el pueblo. “Les ayudé mucho, invertí en esa pareja, creía en ellos. Para mí y mi mujer, que no tuvimos hijos, Francesco y Juana eran nuestra familia. Nunca imaginé que pasaría algo así”.
La familia de Rivas asegura que Arcuri la aisló en Carloforte: “Estaba sola en casa, no disponía de coche. Era misión imposible hasta que fuera a comprar. Él prefería llevar al niño al colegio antes que dejarla salir”. En la denuncia que ella presentó ante la Guardia Civil dos meses después de viajar a España, actualmente en tramitación para ser incorporada a la causa en Italia, Rivas relata que en la casa rural de Carloforte fue “insultada, vejada y agredida” por su entonces pareja. Que el control sobre lo que hacía era constante y que la dejaba encerrada en casa. “No le ha sido posible relacionarse con otras personas ni hacer una vida normal y con libertad de movimiento”, recoge la denuncia, en la que señala que trabajaba sin remuneración y que cayó en depresión por el trato que él le dispensaba. “Cuando el denunciado no estaba conforme con lo que hacía, se volvía agresivo y le gritaba apretándole fuertemente las muñecas y una noche le apretó fuertemente el cuello mientras le decía que la iba a matar”. Su familia asegura que ella intentó denunciarlo a la policía italiana, pero él no la dejó llamar y que los amigos de Carloforte se lo desaconsejaban: “Está muy mal visto”, aseguran que le decían.
No es cierto que no la dejara salir. Hacía lo que quería. Yo no le impedía nada, ¿qué le iba a impedir? En los últimos tiempos volvió a salir de noche otra vez. Era una desilusión tras otra. Nunca hacíamos nada juntos. Yo me quedaba con los dos niños”, asegura Arcuri. Dice que disponían de dinero común y que tuvo que contratar a una tercera persona porque ella casi no ayudaba en el negocio, centrada en un curso online de psicología transpersonal.
Poco antes de mayo de 2016, Rivas le pide ir con sus hijos a Granada para ver a su familia. La denuncia de la Guardia Civil recoge que Arcuri le escondió los pasaportes “para impedir que se marcharan”. Él señala, al contrario, que pidió la cita en el Ayuntamiento para que tramitaran los documentos de sus hijos. Según la familia de ella, consiguió salir después de que el niño mayor recuperara los papeles. Y llegó a España con un pinzamiento mesentérico [una dolencia digestiva] que, según sus allegados, le habría provocado el estrés de la convivencia. Arcuri defiende, al contrario, que era él quien la cuidaba cuando se le desataba alguna crisis “y no podía casi ni moverse”.
Rivas, apoyada por una asesora del Ayuntamiento de Maracena, ha promovido una campaña de adhesiones a su causa. Su imagen llorando los días previos a desaparecer con sus hijos ocupa mañana y tarde las tertulias televisivas. El viernes, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo que se suman al que es el lema del caso desde que desapareció: “Juana está en mi casa”. Y su entorno ha convocado una nueva concentración de apoyo mañana.
Arcuri, sentado en la cafetería de Granada, se lamenta de que le están queriendo hacer pasar por alguien que no es. “Nunca habría esperado estar en una situación donde casi tengo que defenderme, aunque los jueces me den la razón. Llevo más de un año sin ver a mis hijos por el capricho de una persona que se los llevó con un engaño y no volvió”. Mientras habla, una mujer que le ha reconocido se apoya en la mesa de al lado. Le mira y dice: “Juana está en mi casa. Y espero que no vuelvas a verla ver nunca más”. Se da la vuelta y se va. Él la mira en silencio. 
El bienestar de los menores
Los dos menores, escondidos por su madre desde el 26 de julio, son las principales víctimas del drama. La primera sentencia, de diciembre de 2016, que ordena su devolución al padre, incluye la evaluación de una psicóloga del Juzgado de Familia que alude a una “vinculación afectiva y segura del menor con ambos progenitores” considerando a la madre “como la principal figura de referencia y de vinculación afectiva en la actualidad. El vínculo con su padre es positivo”. En el recurso de amparo presentado por el entorno de Rivas incluyen informes del hijo mayor de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Maracena, que respaldan desde el principio a la mujer. El Consistorio, que la atiende como víctima de violencia de género desde julio de 2016, incluyó al mayor en un programa de atención psicológica a hijos de víctimas, “dado que éste presentaba conductas agresivas hacia la madre, según ella relataba, imitando con el mismo patrón lo que hacía el padre”. “En las reuniones de coordinación con la psicóloga que ha atendido al menor hemos anotado que este manifiesta que no quiere ir con su padre y que ha narrado episodios de malos tratos”, según el informe firmado el 26 julio 2017, el día que debía producirse la entrega de los niños.
Dos profesionales que han trabajado en Italia y España con los niños han contado su experiencia a este periódico. “Me quedé muy sorprendida cuando supe que ella aseguraba estar mal aquí en Carloforte. Los niños estaban muy bien, tranquilos. Siempre sonrientes. Nunca noté alguna inquietud”, señala Maria Francesca Pinna, pediatra de los dos menores en Carloforte, que describe a Arcuri como un padre “equilibrado y atento”. “Los pediatras estamos muy entrenados para detectar problemas. Aquellos niños querían mucho a un padre. Si un niño quiere a su padre, lo ves, y si le tiene miedo, también. Nunca los vi asustados”.
Verónica López, 37 años, ha sido la maestra del hijo menor este último año en Maracena. “Es un niño muy desenvuelto, muy avanzado en el lenguaje. Se expresa fenomenal y tiene un desarrollo excepcional”. Lo define como “un niño muy feliz que siempre ha estado bien atendido por su madre, que era quien lo llevaba y lo recogía”. Considera que el niño ha vivido todo el curso “ajeno a la polémica. “Juana es muy buena madre, no creo que hiciera nunca nada en perjuicio de sus hijos”.
Últimos datos de un caso complejo
Retención de menores. Rivas está en busca y captura desde el 8 de agosto, tras la orden del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que la investiga por la vía penal por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y otro de retención ilícita de menores. Por este último podría ser condenada a hasta cuatro años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante un periodo de hasta 10 años.
Maniobras procesales. La Audiencia de Granada denegó de nuevo el 10 de agosto la petición de suspender la orden judicial que obliga a Juana Rivas a devolver a sus hijos. En el auto, los magistrados le acusan de haber marcado “a su antojo o interés los tiempos procesales” con actuaciones “que le han permitido ganar tiempo hasta la extenuación” y censuran que, “por distintas maniobras procesales”, no se haya ejecutado aún una sentencia firme.

(1) http://www.abc.es/sociedad/abci-justicia-no-razon-juana-rivas-y-debera-llevar-ninos-padre-plazo-tres-dias-201708101211_noticia.html 

jueves, 3 de agosto de 2017

Una «excentricidad» en Mataró



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE JORDI RIBALAYGUE PUBLICADO EN “EL MUNDO (ed. CATALUNYA)” EL 02.08.2017. Foto publicada en “Som Atents” el 17.01.2017.] Trocear una fábrica catalogada como patrimonio histórico a pedazos de unos tres metros cada uno y llevárselos a un descampado donde llevan casi ocho años a la espera de ser encajados como un puzle a 100 metros de donde estaban sus cimientos fue, además de una infracción de la normativa vigente, una «excentricidad inverosímil». 
Lo declara una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a la vista del desmontaje y posterior traslado de Can Fàbregas, una harinera de Mataró datada del siglo XIX que estaba salvaguardada con el mayor rango de protección, situada en un solar que El Corte Inglés adquirió para edificar un centro comercial tras ganar un concurso del Ayuntamiento.
Los grandes almacenes nunca se han empezado a construir. El motivo son los pleitos entablados desde hace una década por el desmantelamiento de la factoría, que a tenor del último fallo debería erigirse de nuevo donde el Consistorio la arrancó, en una decisión que contravino el máximo nivel de catalogación que la propia corporación había otorgado al inmueble en 1999.
De no darse un vuelco en el Tribunal Supremo con el recurso anunciado por el Ayuntamiento (gobernado por una coalición de PSC y PDeCAT), el proyecto de El Corte Inglés que se gesta desde hace dos décadas en Mataró está «muerto», según fuentes consultadas. 
El alcalde, el socialista David Bote, ha reconocido que la apertura del establecimiento por el que el Consistorio y entidades de comerciantes siguen abogando es «ahora muy difícil» y que «las cosas no se han hecho bien» para que el operador se instale. La empresa ha aducido inseguridad jurídica debido a los litigios en torno al solar que el Ayuntamiento le concedió para no haber empezado las obras, pese a haberse gastado ya cerca de 30 millones en Mataró, que figuraba como uno de sus planes de expansión prioritarios.
Los hechos que han llevado a El Corte Inglés a no levantar de momento el complejo que esperaba abrir en 2014 se han coronado ahora con una sentencia severa contra el Ayuntamiento y la Generalitat, que había bendecido los pasos dados por el municipio. El tribunal trata de «irracionalidad» y de arreglo «cercano a lo delirante» que el «conjunto protegido y catalogado» fuese «seccionado y empaquetado».
La sentencia atiende un recurso de la Assemblea Pagesa contra las maniobras con las que la administración ha intentado sortear una resolución del TSJC de 2012, fruto de otra denuncia de la Plataforma Salvem Can Fàbregas, y que ya dictó en contra de que se hubieran desplazado los restos del recinto fabril. La plataforma decidirá en breve si reclama al tribunal que el Consistorio devuelva las piezas a su lugar de origen.
La mudanza de los fragmentos costó 1,8 millones de euros al Ayuntamiento. Otras sentencias anularon el intento del Consistorio de cargar buena parte del gasto a otros propietarios de la zona. Además, el último fallo sostiene que el almacenamiento en suelo agrícola es ilegal y que no queda probado que la fábrica histórica y los grandes almacenes no pudieran convivir en la misma manzana ni que el establecimiento no pudiera ubicarse en otro terreno.
El Corte Inglés señala que sus abogados estudian la resolución y espera para pronunciarse sobre el futuro del proyecto. La compañía recalca que no tuvo nada que ver con el desmontaje de Can Fàbregas. En caso de que la empresa denunciara por incumplimiento de contrato al Ayuntamiento, Mataró se enfrentaría a una indemnización millonaria por no alzarse el centro, que preveía crear unos 800 empleos directos.
Las últimas resoluciones, que revierten los cambios del planeamiento aprobados para hacer posible el establecimiento, contrastan con otros fallos que vieron lícito que Can Fàbregas fuera desgajada por el gobierno del exalcalde Joan Antoni Baron (PSC). El exedil llegó a ser imputado por ello, y fue exonerado sin llegar a juicio. Baron ha preferido no responder a este medio.

Colegio de Abogados pide modificar el Código Penal para aumentar penas en determinados casos de maltrato animal



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO PUBLICADO POR EUROPA PRESS EL 31.07.2017. Foto: Amores perros (2000), de Alejandro González Iñárritu.] El Colegio de Abogados de Málaga ha iniciado los trámites para incluir en el Código Penal un nuevo subtipo agravado en el artículo 337, con objeto de dotar de una mayor protección a los animales y de aumentar la penalidad en determinados supuestos de maltrato no previstos en dicho artículo. 
Así lo ha anunciado el decano, Francisco Javier Lara, quien ha hecho entrega de un dossier que incluye los colegios de abogados y asociaciones de toda España que respaldan esta iniciativa al diputado nacional del PP y portavoz adjunto de la Comisión de Justicia, Avelino Barrionuevo, y al senador “popular” y portavoz de la Comisión de Constitucional, Joaquín Ramírez. 
Les han acompañado la vicedecana de la corporación colegial, Inmaculada Atencia, y la responsable de la sección de Derecho y Bienestar Animal del Colegio, Rosario Monter. 
El incremento de las penas que se reclama hace referencia fundamentalmente a los casos de maltrato continuado en el tiempo, sobre un número elevado de animales, ocasionando su muerte, así como a aquellos supuestos en los que quien comete el delito es precisamente quien tiene la obligación legal y/ o contractual de velar por el cuidado, protección y bienestar de los animales, según han informado desde el colegio en un comunicado. 
En concreto, lo que se solicita es aumentar la pena a un mínimo de tres años de privación de libertad y un incremento de cuatro a seis años -como mínimo- respecto a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio. También se pide la prohibición total para la futura tenencia de animales, sin límite de tiempo. 
Desde el colegio han considerado que, “pese a la reciente y loable reforma del Código Penal, el artículo 337 sigue siendo insuficiente para el castigo de determinados supuestos de especial gravedad, como es el caso de los que se cometen en instalaciones cuyo fin es la protección de los animales”. 
El objetivo que se persigue “es equiparar la normativa a la de países de nuestro entorno, como Francia, donde se prevén dos años de prisión efectiva, o Alemania, donde se imponen penas de privación de libertad de hasta tres años”. 
Para esto, el colegio malagueño se ha puesto en contacto con otros colegios profesionales y con distintas asociaciones y colectivos que se dedican a proteger los derechos de los animales. 
En este sentido, han señalado, se han recibido adhesiones de los colegios de abogados de Antequera, Jerez de la Frontera, Álava, Lanzarote, Talavera de la Reina, Girona, Orihuela, del Colegio de Veterinarios de Guipúzcoa, de la Protectora de Animales y Plantas de Málaga, la Federación para la Defensa y el Bienestar Animal de la Provincia de Málaga Tidus, la asociación TAIL Torrox y la asociación Naturalia de Huelva. 
Asimismo, han informado de que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición No de Ley, que se debatirá después del verano, en la que insta al Congreso a estudiar la creación de dicho subtipo agravado del artículo 337 del Código Penal. 
En ese documento se señala que durante el año 2016 el Seprona de la Guardia Civil realizó más de 12.400 actuaciones contra el maltrato animal, de las que 783 fueron infracciones penales por maltrato o abandono animal y supusieron la detención o investigación de 490 personas.

martes, 1 de agosto de 2017

Juana Rivas, ¿madre coraje o un error dañino?



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE LA PSICÓLOGA PILAR ENJAMIO ORIGINALMENTE PUBLICADO EN “EL SEMANAL DIGITAL.COM” EL 30.07.2017 (1). Foto publicada en el mismo medio el mismo día.] Una psicóloga, experta en mujeres maltratadas, desafía en este artículo la ola de apoyo a Juana Rivas y plantea interrogantes y soluciones distintos a la fuga con sus hijos.
El nombre de Juana Rivas está de plena actualidad. Los comportamientos impulsivos denotan desequilibrio e inestabilidad. Eludir la ley anula de un plumazo cualquier argumento. Esta conducta de esconderse como delincuente que huye causa desequilibrio psíquico e inestabilidad en los menores.
La historia se remonta a doce años atrás cuando en Londres se enamora de Francesco Arturi y tienen su primer hijo. El domicilio familiar se sitúa en Italia. En 2009 Juana presenta una denuncia por malos tratos y su pareja es condenada a tres meses prisión.
Según el abogado del padre, Adolfo Alonso, lo de reconocer maltrato fue una especie de cláusula entre la pareja o, mejor dicho, imposición de la mujer a cambio de permitirle ver al hijo, aunque la sentencia es la sentencia.
Años después se vuelven a unir y tienen un segundo hijo que en la actualidad tiene tres años. La inadaptación de Juana a un lugar, Cerdeña, era manifiesta. Se sentía esclava y alejada de todo contacto en un hotel rural de la familia a ocho kilómetros del pueblo más cercano. Hablan de síndrome de Estocolmo en este regreso y no lo creo. Se manifiesta cercano en el tiempo y no después de años. Pero la dependencia afectiva impide la separación.
A finales del curso de escolarización de 2016 Juana trajo los niños de vacaciones a España y no volvió a llevarlos al hogar familiar ni se los entregó a su padre. Según el convenio internacional se trata de un traslado ilícito de menores. Tenía que entregárselos a Francesco estos días y no solo no lo ha hecho sino que está en paradero desconocido. Yo me pregunto por qué no hubo más denuncias desde 2009 y ahora se usa ese argumento para que no convivan con el padre.
Si cuatro jueces se han puesto de acuerdo en conceder la custodia provisional, ¿están todos ellos equivocados? Francisca Granados, directora Centro Mujer de Maracena en Granada, se ha convertido en la abanderada de esta causa. Pero yo observo una masa de gente con ese poder hipnótico del gregarismo que, en una especie de fanatismo, creen a pies juntillas una versión de malos tratos.
Sin haber visto nunca ningún signo de maltrato, creen a la mujer. Yo, sin tener nada que ver el caso, he visto a hombres maltratados y manipulaciones con los hijos. Prevengo y lucho contra la violencia de género y recupero mujeres con síndrome de Estocolmo, con verdadero síndrome de Estocolmo. 
Pero aquí hay muchas cosas se me escapan y no concuerdan. Llora Juana y lloran las mujeres a su lado que más bien parecen plañideras y ni saben por qué lloran. Y ahora el eslogan defendiendo el incumplimiento de normas judiciales, con esa frase de “Juana está en mi casa”.
¿Y dónde está el razonamiento? Lo sucedido es un secuestro de los niños. Francesco adoptará medidas legales. Mi querida madre Juana, yo sé que quieres a tus hijos, pero no eres consciente del daño estás haciendo con tu huida, puedes acabar en la cárcel. De este modo te quedarás sin niños y sin razón.
Nada ayudarán las plataformas ni los gritos sino la vía legal. Pedir la custodia legal que es muy diferente a raptar. Dicen los menores que jamás recibieron maltrato pero lo presenciaron. Sería necesario un examen psicológico. Se cree y dice que estarían mal con su padre. Huyendo y escondiéndose tampoco están bien.
La solución no es escapar de los problemas, sino enfrentarse a ellos. Y algo que hay que enfatizar es el hecho de que los hijos no son objetos ni monedas de cambio en los conflictos entre un padre y una madre. Actuar de forma fanática y con premura -y aquí me refiero también a instituciones- no es prevenir violencia de género ni es protección al menor.
Sin olvidar un examen psicológico de la persona que sufre maltrato porque siempre se ve afectado su comportamiento y equilibrio. Espero aparezcan los niños y la vía legal se reestablezca.

(1) http://www.esdiario.com/elsemanaldigital/283789246/Juan-Rivas-madre-coraje-o-un-error-danino.html