viernes, 10 de marzo de 2017

El Parlament exige al Govern que cumpla la ley antihomofobia



[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE VÍCTOR VARGAS LLAMAS ORIGINALMENTE PUBLICADO EN “EL PERIÓDICO DE CATALUNYA” EL 10.03.2017. Foto: A la caza (Cruising, 1980), de William Friedkin.]
Hay una agresión que merece idéntico nivel de denuncia que el resto de ataques homófobos, pero que ilustra como pocas el actual grado de preocupación que impera entre el colectivo gay. Sucedió el pasado Carnaval, cuando un joven de 20 años disfrazado de bailarina recibió una brutal paliza de tres hombres, con golpes incluso con una porra extensible, por el mero hecho de no compartir su orientación sexual. La perplejidad de que aún sucedan cosas así se acrecienta al ubicar la agresión: la calle del Primer de Maig (popularmente conocida como del Pecado), en Sitges, la ciudad catalana, española, que encabeza el imaginario colectivo como especialmente empática con la causa homosexual. La denuncia la hizo pública el Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), que está haciendo acompañamiento a la víctima ante «el vacío institucional con que se encuentra», evidenciando la «absoluta falta de implementación de la ley contra la homofobia», según el presidente de la entidad, Eugeni Rodríguez.
Esa reivindicación ha sido el punto de partida que ha llevado al Parlament a conminar al Govern a que se responsabilice del efectivo cumplimiento de la norma, aprobada hace dos años y medio, pero que no ha tenido el despliegue que exigen las circunstancias sociales para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales, como denuncian el observatorio y otras voces autorizadas del colectivo homosexual.
La Cámara catalana aprobó ayer la moción, propuesta por el OCH, representado en la tribuna por Emilio Ruiz, del consejo asesor del ente y formalizada por el PSC, gracias a los votos a favor de todos los grupos parlamentarios. Un toque de atención a la Generalitat para que se esmere en materializar lo que en el 2014 se presentó bajo la esperanzadora pátina de una legislación pionera en la materia a nivel internacional.
El texto interpela al Govern para que vele por el cumplimiento efectivo de la ley para que permita «erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia», al tiempo que le insta a presentar el decreto que haga efectivo el pleno desarrollo del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, tal como contempla la norma catalana.
La moción prevé un plazo de tres meses para presentar el protocolo específico de actuación que haga imperativo el deber de intervención de la Administración en caso de discriminación por orientación sexual, y concede un mes para hacer público el protocolo específico para prevenir y abordar el bullying LGTI-fóbico.
La moción contempla la publicación dentro de un año de un informe de la comisión interdepartamental de la Generalitat sobre el «impacto social de la ley» para garantizar los derechos del colectivo homosexual, así como una evaluación de la implementacíón de las políticas públicas concebidas en esta materia.
La Cámara aprobó expedientar «a todos los centros educativos que ofrezcan material escolar con contenidos homófobos», e instar a las autoridades a actuar de oficio «siempre que existan indicios de vulneración» de la ley antihomofobia.
Se reclama también el desarrollo del Servicio de Atención Integral para velar por el respaldo que precisen las víctimas de acoso y violencia homófobos, dotándolo de «los medios y el personal especializado necesarios» para cumplir con esa cobertura en todo el territorio.
El presidente del OCH mostró su esperanza de que la aprobación de esta moción en el Parlament sea un punto de inflexión para poner fin a situaciones que no se pueden consentir por más tiempo. «Hablo de un protocolo para el bullying LGTBI y para asegurar la debida intervención de las autoridades en situaciones de alarma social, como en el caso del bus tránsfobo de Hazteoir.org», expuso.
«Estaremos expectantes para garantizar la aplicación de la norma en todo su contenido y para evitar situaciones de inacción y de falta de despliegue de instrumentos cuando vamos camino de los tres años de su aprobación», subrayó Rodríguez. 

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