[NOTA
PREVIA: ARTÍCULO ORIGINALMENTE
PUBLICADO EN “EL PERIÓDICO DE CATALUNYA” EL 23.03.2017. Foto: Nueve meses (Nine Months, 1995), de Chris Columbus.] Una jueza de primera instancia de Barcelona había
autorizado a una mujer a seguir el proceso de fecundación in vitro con esperma
de su marido fallecido, pero la fiscalía ha recurrido el fallo porque no consta
que el esposo, si viviera, estuviera de acuerdo ahora.
Sonia Álvarez, abogada de la demandante,
explicó ayer a la emisora RAC-1 que «la fiscala
dice que el permiso del marido era válido y correcto, pero plantea que, si
estuviera vivo ahora, la relación no sería la misma». Según argumentó la
letrada, el ministerio público «viene a
insinuar que si [el marido] estuviera
vivo podría haberse divorciado o no querer tener hijos. Hace una serie de
elucubraciones que entendemos que no son jurídicas (...) Si esto fuera así, los
testamentos no serían nunca válidos».
Álvarez defendió que la mujer, «como heredera universal, tiene derecho a
decidir qué hace con este material genético. (...) Estaríamos con el absurdo de
que ella no puede usar [este material genético] por sí misma, pero sí lo podría dar a otra mujer».
La abogada recordó también que «la ley estatal prevé la posibilidad de tener
un hijo por técnicas de reproducción asistida después de la muerte de la
pareja. Y la ley catalana también regula esta situación». Según la letrada,
la jueza de primera instancia estimó que la continuación del proceso «no está prohibida ni por la ley catalana ni
por la estatal, porque se considera que el proceso se ha iniciado dentro de los
plazos». «Si se empieza dentro del plazo, lo que corresponde es dejar que
el proceso siga si no hay causas médicas que lo impidan», añadió.
Por su parte, la viuda ha explicado que cuando
su marido ya estaba enfermo le pidió que, si todo iba mal, ella continuara con
el proyecto de tener un hijo. «Me dijo
que sí y me firmó un papel conforme estaba de acuerdo», ha destacado la
mujer. «Al cabo de 6 meses [de la
muerte de su pareja] consideramos con la
psicóloga que ya podía empezar este proceso», pero ahora «la clínica dice que no puede seguir si no
hay una orden judicial al considerar que ya ha pasado un año desde que comenzó
el primer tratamiento».
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