[NOTA
PREVIA: ARTÍCULO DE IGNACIO FAES
ORIGINALMENTE PUBLICADO EN “EL ECONOMISTA” EL 25.02.2017. Foto: Turno de oficio (1986-1987), de Antonio
Mercero.]
El Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española aprobó ayer por unanimidad “el
estudio de una convocatoria de huelga del Turno de Oficio y movilizaciones de
todos los Colegios de Abogados, así como una concentración de las Juntas de
Gobierno ante el Ministerio de Hacienda”. Los abogados responden así ante
la aplicación del IVA al servicio público de asistencia jurídica gratuita. Los
juristas exigen la retirada “inmediata”
de esta medida.
La Dirección General de Tributos estableció, en
una reciente consulta vinculante, que los servicios prestados por abogados y
procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita
estarán sujetos al IVA, con un tipo aplicable del 21 por ciento. El ministro de
Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, anunció el pasado 15 de febrero
que serán las Administraciones Públicas las que asuman el IVA que se aplicará a
la justicia gratuita, no los beneficiarios o los profesionales de la misma,
aunque explicó que es un tema que se va a “clarificar
legalmente”.
La Abogacía subraya que “considerar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como un bien de mercado”, aplicándole el IVA, pone en peligro un sistema de naturaleza pública y obligatoria que garantiza el acceso universal a la Justicia en España “desde hace décadas”. En este sentido, añade que “emitir una factura con IVA a los beneficiarios de un servicio público, que el Estado presta, a través de los Colegios de Abogados, a quienes carecen de recursos para defender sus derechos, puede ser fácilmente percibido por el ciudadano como un trato escasamente digno”.
La Abogacía subraya que “considerar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como un bien de mercado”, aplicándole el IVA, pone en peligro un sistema de naturaleza pública y obligatoria que garantiza el acceso universal a la Justicia en España “desde hace décadas”. En este sentido, añade que “emitir una factura con IVA a los beneficiarios de un servicio público, que el Estado presta, a través de los Colegios de Abogados, a quienes carecen de recursos para defender sus derechos, puede ser fácilmente percibido por el ciudadano como un trato escasamente digno”.
Los abogados demandan “urgentemente” una fórmula que permita suspender “de forma inmediata” la aplicación del
nuevo criterio interpretativo de la Dirección General de Tributos, “por razonabilidad, eficiencia y legalidad”.
Subrayan que “es contrario a la legalidad
vigente, que afecta a un servicio esencial para el mantenimiento del Estado de
Derecho y que, además, supone un innecesario cargo para las arcas públicas en
un contexto de asignación de recursos escasos a Justicia”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario