Los abogados piden más ayuda y apoyo para las víctimas de violencia machista

[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE ÀNGEL JUANPERE ORIGINALMENTE PUBLICADO EN “DIARI DE TARRAGONA” EL 19.02.2017. Foto: Te doy mis ojos (2003), de Icíar Bollaín.]

«Hacen falta más medios para las víctimas de la violencia machista». Es el clamor de los abogados tarraconenses a la hora de analizar el descenso de las denuncias recogidas el año pasado en el Camp de Tarragona y las Terres, según el Departament d'Interior de la Generalitat. Aseguran que en algunos casos la dependencia económica del marido puede influir en que las mujeres no se atrevan a presentar denuncia. Y es que en los últimos siete años las denuncias han bajado un 20,7 por ciento en la demarcación, un 12,1 en el último año.

El miembro de la Comissió de Deontologia del Col·legi d’Advocats de Tarragona, David Lanaspa, asegura que desde las instituciones tendrían que dar más apoyo a las mujeres, tanto a nivel social como sociológico, por ejemplo desde Serveis Socials e incluso a nivel policial «para que afloren los casos de víctimas que no se atreven a denunciar». En este sentido asegura que se necesitarían más ayudas económicas «para que no suponga un problema a la hora de denunciar a su pareja». Y es que en algunas ocasiones sigue siendo un impedimento.

El letrado, que es miembro del turno de oficio de violencia doméstica, asegura que tendrían que haber más viviendas para personas en esta situación de desprotección así como también facilitar trabajo en determinados supuestos.

De todas maneras, el abogado es consciente de que muchas de estas denuncias acaban archivándose porque la presunta víctima se acoge a su derecho a no declarar. En su última guardia del turno de oficio, a principios de enero, asistió a una mujer que había denunciado amenazas verbales. Los hechos ocurrieron en un municipio costero y no había episodios anteriores. El hombre fue detenido. Como era fin de semana, el caso pasó por el Juzgado de Guardia, donde ella se negó a declarar. Días después, el Juzgado de Violencia archivó el caso. Lo que tiene claro este abogado es que las denunciantes no desconfían del sistema judicial.

Lanaspa confirma por experiencia propia que han bajado considerablemente el número de denuncias o casos. Si hace cinco años, en una guardia del partido judicial de Tarragona o El Vendrell asistía a tres o cuatro casos, actualmente se ha reducido a «uno o dos, e incluso ninguno».

Uno de los factores que ha influido en este descenso es la mayor concienciación de la sociedad, en la «visibilidad que tiene este tema». En términos parecidos se expresaba otra abogada, Núria Sabat, que durante muchos años ha estado en el turno de oficio de la violencia de género. Añade que como la parte peor de la crisis ha pasado, el estado de ánimo de la gente también ha cambiado «y hay menos agresividad entre las parejas».

Sabat reconoce que algunas mujeres siguen utilizando las denuncias de violencia machista como arma en los casos de divorcio o separación. Y ello en base a que desde el 2012, cuando entró en vigor el Codi Civil Català, si hay una denuncia de violencia no se puede dar la custodia al padre, ni tampoco una compartida. «Y así me ha pasado con los tres clientes que he tenido últimamente». Y pone un caso en concreto. Un hombre vino a su despacho para informarse sobre cómo divorciarse. «En el último momento, cuando se marchaba del despacho, le aconsejé que cuando le plantease el tema a su esposa, grabase la conversación por si acaso. Me contestó que ella nunca lo haría». Cuando los niños estaban durmiendo, el hombre se lo planteó a su esposa. Estuvieron discutiendo. Ella descartaba la custodia compartida y quería quedarse con la casa. «La mujer le dijo que no tendría la custodia compartida porque lo denunciaría por violencia de género. Él le contestó que no sería así porque había grabado la conversación». Núria Sabat asegura que estas grabaciones son admisibles delante del juez.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género realiza un estudio de cargas de trabajo de los juzgados especializados en estos delitos que sirva de base a la creación de nuevos tribunales especializados «comarcales», ya que el 73% de los crímenes machistas son en municipios de menos de 100.000 habitantes. Así lo ha avanzado la presidenta de ese Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona. Ha explicado que se pretende seguir un proceso «serio y sosegado» para acercar los recursos de los juzgados especializados a las mujeres que viven fuera de los grandes núcleos de población.

No se trata de que haya un juzgado especializado en cada partido judicial, sino de crear los que sean necesarios, agrupando zonas, ha reflexionado la presidenta del Observatorio. Carmona ha detallado que esta es una de las medidas que propuso ayer a la subcomisión de violencia de género del Congreso, tras apreciar que el 73% de los asesinatos por violencia de género se producen en poblaciones inferiores a los 100.000 habitantes.

En su opinión, «la ruralidad es un factor de vulnerabilidad importante y, sin embargo, en los pueblos más pequeños resulta muy difícil contar que se está siendo víctima de violencia de género y también acceder a todos los servicios de atención a esas víctimas».

La presidenta del Observatorio ha considerado que la comarcalización permitiría que estas mujeres sean asistidas por todos los recursos con los que cuentan los juzgados exclusivos, que suelen estar en las capitales o ciudades de más población.

Solo una mujer de las diez asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año había presentado denuncia previa, algo que únicamente hicieron el 20 por ciento de las 44 fallecidas el pasado año.

España cerró 2016 con 292 asesinatos u homicidios y al menos 44 de ellos fueron crímenes machistas, casi uno de cada seis, de acuerdo con el balance de criminalidad. Es la cifra más baja desde que en 2009 se tienen registros oficiales de estas muertes violentas.

Se trata de un balance provisional, pues al cierre del pasado ejercicio había otros ocho casos de posibles crímenes machistas pendientes de investigación, lo que podría elevar el total de asesinatos a 52.

Desde 2009, con 56 asesinatos machistas, no ha habido ningún año en el que la cifra de este tipo de crímenes haya sido inferior al medio centenar, con un máximo de 73 asesinadas en 2010 o de 60 en 2015.

El quebrantamiento de las órdenes de alejamiento ha bajado un 18 por ciento en los últimos siete años, según los datos sobre violencia machista que ha hecho públicos el Departament d'Interior de la Generalitat. Si durante el año pasado 241 hombres se acercaron a sus parejas o exparejas a pesar de tenerlo prohibido por orden judicial en la demarcación, en 2009 fueron 294. De las 44 mujeres asesinadas el año pasado en España por su pareja o expareja, once habían pedido y obtenido medidas de protección y seis de ellas las tenían todavía en vigor.

David Lanaspa asegura que hoy en día los jueces son más restrictivos a la hora de conceder órdenes de alejamiento, «porque se está limitando la movilidad de la persona, se le está impidiendo un derecho fundamental». Solo se da en aquellos casos en los que hay razones fundadas, «de que exista una situación objetiva de riesgo para la víctima». Las mujeres piden estas órdenes en un porcentaje muy elevado desde el primer momento, normalmente cuando los Mossos o la Guàrdia Urbana les informa de que pueden solicitar esta medida cautelar.

El letrado reconoce que la sensación es también de que ha bajado este quebrantamiento de dichas medidas de protección. Normalmente, cuando se producen, la excusa que más da el acusado es que ha acudido a hablar con la mujer para hablar de temas personales y familiares.

En el caso del quebrantamiento de las medidas cautelares normalmente no hay reincidencia, aunque a veces se dan algunos. Este sería el de un hombre que el 6 de agosto de 2015 fue condenado a cuatro meses de prisión por acercarse a menos de cien metros de una mujer, de la que tenía una orden de alejamiento. Se suspendía la pena de cárcel si no delinquía en el plazo de dos años, según la sentencia del 10 de agosto del mismo año. Y el mismo día el acusado se saltaba de nuevo las medidas cautelares ya que se hallaba en compañía de
la mujer en una zona de picnic inmediata a la Platja dels Capellans, en el término municipal de Tarragona. En esa ocasión ha sido condenado a nueve meses de cárcel, una sentencia que ahora ha ratificado la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona.

En este caso, los magistrados han tenido como base de la acusación la declaración de un agente de la Guàrdia Urbana, quien aseguró, al menos en cuatro ocasiones, que cuando llegó a la mencionada playa pudo ver al acusado, a quien reconoció por haber tenido una intervención profesional el día anterior. El procesado estaba en compañía de la mujer. Estaban juntos y él, al observar la presencia policial, se marchó del lugar.

En cambio, el acusado, en el recurso de apelación, aseguraba que la declaración del agente no había sido suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia.

Un hombre que se enfrentaba a veinte años de prisión por dos delitos de agresión sexual hacía su expareja y un año más por otro delito de maltrato en el ámbito familiar ha sido finalmente absuelto por la Audiencia Provincial de Tarragona que, en cambio, lo ha condenado a medio año de prisión por quebrantamiento de medida cautelar al haberse acostado con la mujer a pesar de estar vigente una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 200 metros de ella. Acusado y víctima mantuvieron una relación de pareja durante aproximadamente tres años, llegando a convivir en localidades diferentes hasta asentarse en Calafell. Dicha relación no fue continua, sino que se quebró varias veces. Las discusiones eran recurrentes, llegando la mujer a interponer diversas denuncias. Una de ellas dio lugar a que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de El Vendrell dictará un auto el 17 de septiembre de 2012 fijando una orden de alejamiento.

Pero la relación de pareja continuó, con idas y venidas, hasta que cesó finalmente en noviembre de 2013, abandonando la mujer el domicilio. Tres semanas después, la mujer acudió al domicilio, sin que se hallara al acusado. Cuando llegó mantuvieron relaciones sexuales consentidas, según el tribunal. Este apuntó en la sentencia que el hombre «dispuso de la información y la capacidad de acción suficiente para haber obrado de otro modo que no fuera la actuación que finalmente llevó a cabo, decidiendo de manera voluntaria permanecer en la vivienda» durante más de cuatro horas, «pese a ser plenamente consciente de que con ello quebrantaba el marco cautelar que pesaba sobre él».