Los vientres de alquiler ven la salida del limbo

[NOTA PREVIA: ARTÍCULO DE TERESA PÉREZ ORIGINALMENTE PUBLICADO EN “EL PERIÓDICO DE CATALUNYA” EL 1.02.2017.] La decisión de la Generalitat de dar permisos a los funcionarios que recurren a la gestación subrogada en el extranjero para tener hijos ha reabierto el debate sobre la legalización en España de esta técnica conocida popularmente con el nombre de vientres de alquiler. Portugal fue el pasado verano el último país europeo en regularizar esta práctica que desde hace 30 años es una realidad en el Reino Unido. También está autorizada en algunos estados de EE.UU. y en Holanda, Grecia y Ucrania.

Catalunya se ha convertido en la primera comunidad autónoma en autorizar estos permisos maternales y paternales a los funcionarios y el Partido Popular ha decidido debatir la legalización en su congreso nacional. Destacados líderes del PP, como Javier Maroto, principal defensor de la iniciativa y coordinador de la ponencia social, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya han alzado la voz a favor de la propuesta legislativa, aunque el eco no ha llegado a todo el partido y han surgido voces discordantes. Abogados, asociaciones y progenitores de gestación por sustitución reclaman una solución definitiva y los colectivos feministas, con más o menos vehemencia, ponen peros a esta técnica. La legalización, además, apuntan diferentes expertos, abarataría un proceso costosísimo al que únicamente pueden recurrir personas que disfruten de un elevado poder económico.

Pese a la dificultad que entraña obtener datos de este colectivo, el ginecólogo Pedro Fuentes, presidente de la Asociación Son Nuestros Hijos, afirma que cada año nacen entre 100 y 120 niños de parejas españolas. Barcelona y Madrid es donde la demanda es mayor. Para dar idea de la envergadura del fenómeno, en el año 2010 había ocho familias afiliadas a la organización y ahora rondan las 400. Fuentes apunta que «la gestación por sustitución ha salido del armario» y se muestra exultante por la decisión de la Generalitat, ya que, a su juicio, «Catalunya ha dado el espaldarazo definitivo al marcar la línea a seguir tal y como también ha reconocido el Tribunal Supremo en diversas sentencias». Pedro y su pareja son padres de Alonso, de 8 años, «un chaval extrovertido y divertido que conoce su origen», apunta el papá, y añade con satisfacción mal disimulada: «Es el único niño de la clase al que invitan a todas las fiestas». 

El Govern, con esta medida, «implícitamente reconoce la equiparación de los distintos tipos de familias, porque está dando una solución administrativa para los funcionarios públicos que son los únicos en los que tiene competencias», añade Carlos Villagrasa, abogado experto en temas de familia del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

El letrado va más allá y reivindica que «no se apliquen soluciones parciales, si no que se regule el tema de los vientres de alquiler». Fuentes jurídicas lamentan la contradicción que existe en España. «Por ley está prohibida la gestación por subrogación, pero hay una instrucción notarial del 5 de octubre del 2010 que permite a estas familias inscribir al niño, siempre y cuando se cumplan dos requisitos: que el bebé proceda de un país donde está legalizada esta técnica y además haya una sentencia judicial», señalan.

Tres sentencias consecutivas del Tribunal Supremo han obligado a la Seguridad Social a equiparar los permisos por gestación subrogada a los de maternidad y paternidad biológica, adopción o acogimiento. Los fallos del alto tribunal han allanado el camino a la Conselleria de Governació y le han permitido aplicar esta medida. Sara Altamirano, abogada del despacho Vientre de Alquiler España (VAE), reconoce que la Seguridad Social hacía la vista gorda cuando los solicitantes eran una pareja formada por un hombre y una mujer, «pero el tema se complicaba cuando era un padre soltero o parejas homosexuales». Además, el tema va in crescendo.

El despacho VAE asesora a unas 60 personas al año, pero únicamente para embarazos en Estados Unidos. A esta cifra hay que sumar las personas que lo solicitan en otros destinos. La diferencia de precios entre un país y otro es abismal. En EE.UU. supera los 100.000 euros. «Solo el seguro que le hicimos a la madre de nuestro hijo superaba los 30.000 euros», apunta Fuentes. Sin embargo, en Ucrania los honorarios se reducen a la mitad. Hay progenitores que deben pedir un préstamo para hacer frente a estos costes. Sergio I., papá de tres niños, tuvo que ampliar la hipoteca que tenía de su piso para poder tener un hijo.

Las garantías jurídicas que ofrecen los distintos países también son muy diferentes. En el estado de California, por ejemplo, que llevan 40 años trabajando en la gestación subrogada, emite una sentencia firme de afiliación del bebé que está por nacer. El hospital ya inscribe al niño con el nombre de los nuevos papás. En los países en los que no hay fallo judicial, «cuando vas al consulado de España se inscribe al recién nacido con el nombre de la gestante», puntualiza Altamirano. La falta de garantías jurídicas provoca que actualmente «unos 40 niños de todo el Estado se encuentren en un limbo legal», indica Carlos Vilagrasa. Y otros entren en España como turistas.

Las organizaciones feministas tercian en el debate. Dolo Pulido, miembro de Ca la Dona, espacio de encuentro de mujeres en Barcelona, considera que es necesario abrir un debate social entre las partes implicadas y «oír la voz del movimiento feminista». A su juicio, no se trata de debatir sobre si hay que legalizar o no la gestación subrogada, sino de «proteger los derechos de la madre gestante por encima de todo lo demás». Pulido apunta que en las subrogaciones se producen casos de desigualdad de poder económico y se pregunta: «Si donar sangre no se paga, ¿porque sí se pagan las gestaciones subrogadas?».

La asociación No somos Vasijas lo tiene claro: «Las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total», indican. Además, muestran su preocupación «ante los variados pronunciamientos favorables a regular la maternidad subrogada, o de la práctica de alquilar vientres de mujeres en favor de terceros».